Tres organizaciones venezolanas, Ciudadanía Activa, Espacio Civil y Transparencia Venezuela, así como la americana Human Rights Foundation aún no reciben respuesta a su pedido de participación en la Asamblea General, luego que la semana pasada los gobiernos de Venezuela y Bolivia vetaran su asistencia al encuentro anual de la OEA.

En reunión del Consejo Permanente esta semana, el gobierno de Venezuela, que había cuestionado la presencia de todas las organizaciones venezolanas, levantó su oposición a aquellas organizaciones registradas en la OEA, pero mantuvo su veto a aquellas sin registro oficial, pese a que ellas cumplieron con los requisitos para solicitar participar en la Asamblea General. En la oportunidad, Bolivia se sumó a la presión contra las ONGs vetando a la organización americana Human Rights Foundation debido a un juicio abierto en su contra en Bolivia por presuntos actos de terrorismo. El gobierno de Nicaragua por su parte, que originalmente había rechazado la participación de la sociedad civil de su país, no mostró objeciones.

El álgido debate culminó con el acuerdo de los Estados miembro de dejar la definición de la participación de estas organizaciones al país anfitrión, Honduras, y al Secretario General. Las cuatro organizaciones cuestionadas, sin embargo, aún no reciben confirmación de su participación.

Este proceso evidencia la tendencia en muchos países de la región de restringir la participación de la sociedad civil. Lo que hasta ahora ocurría al interior de las fronteras se ha trasladado con toda su fuerza al plano multilateral. Preocupa que los gobiernos tengan la potestad de restringir la participación de ONGs en una reunión donde se tratan temas de interés de todos los ciudadanos. La prerrogativa gubernamental de impedir la asistencia de grupos sociales a encuentros de esta naturaleza se contradice con derechos fundamentales, incluyendo el de asamblea, de expresión y de participación en los asuntos públicos.

Por otra parte, preocupa especialmente la posición del gobierno boliviano, que esgrime un caso abierto en la justicia como razón para restringir la participación de una organización de la sociedad civil. El argumento no sólo viola la presunción de inocencia sino también abre la puerta a que los gobiernos promuevan la apertura de casos judiciales en contra de ONGs como herramienta para la limitación de su derecho de participación.

Expresamos nuestra solidaridad y apoyo a las organizaciones que han sido blanco de ataques y cuestionamientos. Asimismo, llamamos a las ONGs que participarán en la Asamblea General a poner éste como tema prioritario en sus discusiones con representantes gubernamentales, y a todas a levantar la voz en sus países, circulando información respecto de lo que está ocurriendo en la OEA y promoviendo un debate amplio sobre el tema.