**Publicado como parte de la serie sobre audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos**

No sin controversia se desarrollaron las audiencias sobre Venezuela en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington. En respuesta a la demanda de estudiantes de ese país que, a través de movilizaciones y una huelga de hambre, solicitaban al Estado invitar a la CIDH a visitar al país, el gobierno venezolano respondió una vez más requiriendo la remoción del Secretario Ejecutivo de la Comisión, Santiago Canton, el reemplazo del relator especial para Venezuela, Paulo Sergio Pinheiro y una reforma al sistema, como condiciones para autorizar dicha visita.

Estudiantes venezolanos que participaron en las movilizaciones estaban presentes en la audiencia, incluyendo Julio Rivas, estudiante que permaneció detenido durante 22 días en una cárcel común acusado de “resistencia a la autoridad” y otros delitos, por haberse manifestado públicamente en contra del gobierno.

Cuestionado sobre el tema, la delegación gubernamental presentó su postura con respecto al derecho a la protesta. Aclaró que si bien este derecho está garantizado en la constitución, el mismo “no es absoluto y debe ser regulado”. El representante del Estado señaló que en algunos casos las manifestaciones pueden amenazar la seguridad y propiedad pública o cerrar vías de transporte y por lo tanto el Estado tendría el deber de intervenir.

El gobierno venezolano insistió ante la CIDH que los estudiantes no manifestaron de forma pacífica cuando decidieron exponer sus nalgas en señal de protesta. De acuerdo al Estado, la exposición de nalgas “puede ser una práctica común en Europa y en Estados Unidos pero no es aceptable para los estándares de protesta en América Latina”. El gobierno mostró fotografías de esta acción de protesta ante la CIDH donde efectivamente se ve a los estudiantes exhibiendo sus nalgas pero ninguna de estas imágenes mostraba señales de violencia. Tras la finalización de esta audiencia, miembros del movimiento estudiantil venezolano se acercaron a la delegación gubernamental e iniciaron espontáneamente un diálogo informal, en el cual se defendieron de las acusaciones formuladas por el gobierno, insistiendo en que sus manifestaciones habían sido pacificas, lo cual volvió a ser refutado por el gobierno.

Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil peticionarias denunciaron que hay una política gubernamental que restringe el derecho de protesta y que organismos del Estado utilizan armas de fuego y gases tóxicos para impedir y reprimir manifestaciones pacíficas. Como ejemplo citaron precisamente la represión sufrida por los estudiantes en huelga de hambre. PROVEA, organización de derechos humanos venezolana que presentó en la audiencia, señaló que seis personas han sido asesinadas a manos de la fuerza pública en los últimos dos meses en protestas callejeras.

Las organizaciones de la sociedad civil denunciaron también que existe un aumento alarmante de la utilización de figuras penales para criminalizar la protesta social, tales como la resistencia a la autoridad, uso indebido de armas de fuego y obstaculización de las vías públicas. Más de 2.200 personas han sido sometidas a juicio penal como consecuencia de ejercer su derecho a manifestar, de acuerdo con las cifras presentadas por PROVEA. Los grupos más afectados son dirigentes sindicales, campesinos, el movimiento estudiantil y activistas sociales en general. De la misma manera se indicó que las víctimas no son sólo miembros de la oposición, sino también simpatizantes del gobierno.

Las respuestas del gobierno a las preocupaciones sobre criminalización de la protesta fueron escuetas y ambiguas, indicando que las muertes representaban hechos aislados que ya estaban siendo investigados. Por otra parte, el Estado presentó una extensa exposición sobre lo que calificaron como importantes avances del gobierno de Hugo Chávez en materia de desarrollo social y económico. La presentación incluyó cifras estadísticas sobre reducción en los índices de sub-nutrición, analfabetismo, pobreza extrema y mortalidad infantil.