Publicado el 12 Noviembre 2009

Organizaciones denuncian que gobierno del Perú continúa violando los derechos de los pueblos indígenas

**Publicado como parte de la serie sobre audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos**

Organizaciones de derechos humanos de Perú y Washington denunciaron que el gobierno peruano vulnera sistemáticamente los derechos de los pueblos indígenas, incluido el derecho a la consulta, consagrado en la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo.  Estas acusaciones fueron hechas en el marco de dos audiencias públicas sobre derechos de los pueblos indígenas, que tuvieron lugar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las organizaciones de la sociedad civil pidieron al gobierno de Alan García que aplique un marco jurídico que se ajuste a los estándares internacionales en materia de derechos de pueblos indígenas y su derecho a la tierra.

“El gobierno peruano no ha reconocido en la práctica el derecho a la consulta de los pueblos indígenas en Perú.  Identificamos una falta de voluntad política por parte del Estado para implementar este derecho, lo cual es inaceptable que ocurra en un país con los altos niveles de multiculturalidad que caracterizan al Perú” expresó Katya Salazar, directora de la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPFL) y peticionaria en una de las audiencias sobre el tema.

Las organizaciones  hicieron referencia a los recientes hechos de violencia ocurridos en Bagua, Perú, durante el pasado junio que resultó en la muerte de  28 policías y 4 nativos en la Amazonía peruana.  El levantamiento indígena se originó tras la aprobación de una serie de decretos legislativos relacionados con la explotación de los recursos naturales en la zona, sin la previa consulta a las comunidades residentes, como establece la normativa internacional. Las organizaciones de derechos humanos aprovecharon las audiencias ante la CIDH para exigir una investigación profunda de las causas y las responsabilidades en este conflicto, así como otras medidas para asegurar el respeto de los pueblos originarios. Al mismo tiempo, abogaron por el restablecimiento de una mesa de diálogo en el que estén representadas todas las partes.

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