Reproducimos en esta sección de “Derecho a Voz” un artículo escrito por Catalina Botero, Relatora para la Libertad de Expresión de la CIDH de la OEA. El mismo fue publicado en el Diario El Universal de México en el año 2009. El texto destaca algunos de los avances que se han dado en la región en la protección y respeto por la libertad de expresión y también desarrolla aspectos que aún quedan pendientes para fortalecer este derecho.

Los desafíos de la libertad de expresión

CATALINA BOTERO MARINO

El balance de las ultimas dos décadas en materia de libertad de expresión en las Américas tiene activos que no pueden ser desestimados, pero también presenta graves desafíos que deben ser afrontados a tiempo, con rigor y seriedad, si en realidad queremos garantizar el derecho de todos a expresarnos con libertad. En cuanto a los avances, la mayoría de los Estados de la región consagra la libertad de expresión como un derecho fundamental y en casi todos se han derogado delitos como el desacato. La expedición de leyes de acceso a la información ha sido vigorosa y avanzan, aunque de manera más incipiente, iniciativas destinadas a revisar las leyes de radiodifusión y los procesos de asignación de la publicidad oficial, para prevenir mecanismos de censura indirecta y promover la diversidad y el pluralismo en los medios.

Sin embargo, en su evaluación de 2008 sobre la situación de la libertad de expresión en la región, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión advirtió que existen desafíos persistentes que deben ser seriamente afrontados. El primer problema advertido es la grave impunidad de los crímenes cometidos contra periodistas y la falta de mecanismos adecuados para proteger eficazmente a los comunicadores en riesgo. El segundo problema es la existencia de leyes que criminalizan la expresión crítica, como los delitos de prensa, las leyes de injuria de los símbolos patrios o las normas que establecen una reacción desproporcionada frente la protesta social. El tercer problema, es la existencia de regulaciones ambiguas o deficientes que permiten el uso de los recursos públicos (como la publicidad oficial) o facultades ordinarias de regulación estatal para premiar a medios cercanos a los gobiernos y castigar a los medios críticos o independientes (la llamada censura indirecta). En materia de acceso a la información, si bien se ha producido un importante esfuerzo de promulgación de leyes de acceso, aun faltan normas de implementación y campañas sostenidas de capacitación para romper la cultura del secretismo que por años impero en la región. Finalmente, se ha advertido la necesidad de establecer mecanismos que permitan que los grupos sociales tradicionalmente excluidos, como los pueblos indígenas o las comunidades mas pobres, puedan contar con medios de comunicación que les permitan poner de presente sus intereses y necesidades y participar así, activamente, en los debates democráticos.

De los temas anteriores, la violencia contra periodistas y medios de comunicación requiere urgente e inmediata atención. Al menos nueve comunicadores sociales fueron asesinados en la región durante 2008 por razones muy probablemente vinculadas a su labor periodística. Cinco han sido asesinados en lo que va de 2009.* En la mayoría de estos casos los periodistas cubrían crimen organizado o estaban investigando actos de corrupción. A estos hechos se suman centenares de denuncias recibidas en la Oficina sobre agresiones, amenazas y actos de intimidación contra periodistas y medios de comunicación. Este panorama se completa con investigaciones que dan cuenta de graves fenómenos de autocensura generados por los hechos de violencia mencionados.

La información recibida por la Relatoría conduciría a sostener que el número creciente de homicidios tiene origen, esencialmente, en la actuación de la delincuencia organizada. Esta clara la dificultad que afrontan los Estados en los cuales este fenómeno se presenta de manera más agresiva y el desafío que implica desactivar estas formas de criminalidad. No obstante, los Estados deben entender que los comunicadores sociales son esenciales para alertar a la sociedad y a las propias autoridades sobre asuntos cruciales en la lucha contra la delincuencia y la corrupción. Sin una prensa independiente y vigilante seria prácticamente imposible advertir, por ejemplo, la existencia de actos de corrupción e infiltración de las mafias en las propias instituciones, o la ocurrencia de excesos de la fuerza pública o la desproporción de las medidas de respuesta estatal. Cada una de estas irregularidades, donde quiera que ocurran,  va en contra del fortalecimiento de la democracia y de la lucha genuina y sostenible contra el crimen. Por ello, es necesario redoblar los esfuerzos para proteger a la prensa libre e independiente.

El crimen organizado no es la única amenaza contra la vida y la integridad de la prensa libre. En el Informe Anual de la Relatoría-2008, se advierte que la segunda causa de asesinatos y agresiones contra los periodistas sería la actuación de grupos de personas que, al amparo de motivaciones políticas, deciden silenciar al medio o al comunicador que no comparte su visión política. Las agresiones cometidas en este contexto son particularmente graves, pues muestran grados peligrosos de intolerancia social. En estos casos, los Estados tienen la responsabilidad fundamental de restablecer un ambiente donde el conflicto de ideas se administre en el plano del debate y no en el de la violencia física. Para esto, es esencial que se adopten todas las medidas para prevenir, sancionar y condenar los actos de violencia contra los medios y periodistas. No puede olvidarse que los funcionarios estatales cumplen un papel fundamental en la construcción de la convivencia democrática, por lo que deben tener especial cuidado con el impacto que sus declaraciones tengan sobre la libertad de expresión. En este sentido, la medida más importante que debe adoptarse es la defensa pública, vigorosa y coherente de la libertad de expresión en toda su dimensión.

*N.de E.: Después de la preparación de este artículo, la cifra de asesinatos de periodistas se incrementó en la región y fue documentada por la Relatora para la Libertad de Expresión.  Más información:  www.cidh.org/relatoria