A poco más de una semana para el inicio de la Asamblea General de la OEA continúan los obstáculos para la participación de la sociedad civil. El silencio de la mayoría de los Estados en la sesión del Consejo Permanente que tuvo lugar hoy no puede menos que interpretarse como preocupante.

Dos organizaciones de Venezuela, El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) y la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas continuaban hasta hoy expectantes a la decisión del Consejo Permanente en relación con su pedido de solicitud para participar de la reunión anual de la OEA que tendrá lugar en Lima entre el 6 y 8 de junio. Venezuela hasta el momento se opone a que asistan a la Asamblea, a pesar de reunir éstas los requisitos necesarios para asistir y participar en calidad de organizaciones de la sociedad civil. Al tomar la palabra, el Embajador de Venezuela reconoció la larga trayectoria de PROVEA en la protección de los derechos humanos pero argumentó desconocer los directivos de la Vicaría.

Por otro lado, en la maratónica sesión de hoy del Consejo Permanente los Estados tampoco lograron ponerse de acuerdo respecto del contenido del borrador de resolución sobre participación de la sociedad civil, cuya discusión será retomada en Lima. Sobre este tema, Freedom House y Consorcio Desarrollo y Justicia de Venezuela expresaron por escrito a la presidencia del Consejo su preocupación por ambos temas que amenazan el pleno derecho que los grupos de la sociedad civil de la región gozan de participar de las discusiones y actividades que tienen lugar en el seno de este organismo. La carta presentada urge a los Estados de la OEA a que impidan la inclusión de un segmento del borrador, propuesto por Venezuela, que añade un nuevo requisito según el cual las organizaciones que quieran participar en las actividades de la OEA deberán hacerlo ajustándose a las legislaciones internas de los países. De aprobarse este lenguaje, se le estaría brindando a los Estados mecanismos para impedir o restringir la participación de la sociedad civil en la OEA, violentando el derecho de asociación reconocido en la Declaración Americana y el Pacto de San José, entre otros tratados internacionales.

Llamó la atención el silencio de la mayoría de los Estados respecto de ambos temas. En su calidad de presidente de la Comisión que trata este tema, el Embajador de Colombia hizo una breve presentación del estado actual de este borrador de resolución. Sólo Canadá y Estados Unidos expresaron su disconformidad con el contenido que se pretende añadir y reinó el silencio en el resto del recinto. El representante de Estados Unidos expresó airadamente su rechazo al contenido actual del borrador, el cual calificó como de “altamente problemático” e inconsistente con la naturaleza de la propia resolución. Por su parte, Canadá tomó la palabra apoyando enfáticamente la postura de su país vecino. En la otra orilla, sólo Venezuela pidió la palabra para reiterar su disconformidad, cuestionando y descalificando una vez más el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil venezolanas.

Pasadas las cinco y media de la tarde, se levantó la sesión en la OEA sin una decisión sobre ambos temas, lo cual no hace más que empañar el inicio de una Asamblea General, y amenaza con no sólo dejar afuera del debate los indispensables aportes de organizaciones de la sociedad civil reconocidas nacional e internacionalmente sino también con debilitar el carácter democrático y pluralista que debe reinar en un organismo internacional.

Para mayor información:

Proyecto de Resolución “Aumento y fortalecimiento de la Participación de la Sociedad Civil y los Actores Sociales en las Actividades de la Organización de los Estados Americanos y en el Proceso de Cumbres de las Américas”

Carta de Freedom House y Consorcio Desarollo y Justicia en relación al contenido de la Resolución

Comunicado de Prensa de Espacio Civil