El texto propuesto por Venezuela pretendía incluir una frase que condicionaba la participación de la sociedad civil en la OEA de acuerdo a lo establecido en las legislaciones internas de los países. Tal como venía ocurriendo desde el inicio de las discusiones iniciadas en Washington sobre este tema, Estados Unidos y Canadá reiteraron hoy su vehemente rechazo a la incorporación del cuestionado lenguaje durante la sesión de la Asamblea que discutió este tema. En contraste con las intervenciones en apoyo a este tema expresadas ayer en la reunión entre sociedad civil y jefes de delegación, en el día de hoy los países de la OEA se demoraron en adoptar posiciones firmes prolongando la discusión más de lo necesario.

Debido a las dificultades para alcanzar consenso, el tema debió ser reincorporado en tres oportunidades distintas a la agenda del día. En un intento por destrabar la discusión, Estados Unidos sugirió llevar el tema a votación. Nuevas negociaciones y las intervenciones de otros Estados, como Chile, Perú y México, ayudaron a que finalmente se adoptara el mismo texto aprobado el año pasado, sin la inclusión de cambios y por ende sin restricciones. De esta manera se pudo cerrar la resolución y dar por terminada la sesión.

A los ojos de las organizaciones de la sociedad civil presentes en la Asamblea, esta decisión fue interpretada como una victoria producto, entre otras cosas, de la presión ejercida por las organizaciones presentes para impedir la aprobación de un contenido cuestionable y potencialmente restrictivo. No obstante, este tema continúa preocupando a la sociedad civil debido a las evidentes dificultades de los Estados de la OEA para acordar un mayor compromiso político en defensa del derecho de las organizaciones a participar en este organismo.

Victoria Amato, desde Lima, Perú

Dos organizaciones de Venezuela, El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) y la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas continuaban hasta hoy expectantes a la decisión del Consejo Permanente en relación con su pedido de solicitud para participar de la reunión anual de la OEA que tendrá lugar en Lima entre el 6 y 8 de junio. Venezuela hasta el momento se opone a que asistan a la Asamblea, a pesar de reunir éstas los requisitos necesarios para asistir y participar en calidad de organizaciones de la sociedad civil. Al tomar la palabra, el Embajador de Venezuela reconoció la larga trayectoria de PROVEA en la protección de los derechos humanos pero argumentó desconocer los directivos de la Vicaría.

Por otro lado, en la maratónica sesión de hoy del Consejo Permanente los Estados tampoco lograron ponerse de acuerdo respecto del contenido del borrador de resolución sobre participación de la sociedad civil, cuya discusión será retomada en Lima. Sobre este tema, Freedom House y Consorcio Desarrollo y Justicia de Venezuela expresaron por escrito a la presidencia del Consejo su preocupación por ambos temas que amenazan el pleno derecho que los grupos de la sociedad civil de la región gozan de participar de las discusiones y actividades que tienen lugar en el seno de este organismo. La carta presentada urge a los Estados de la OEA a que impidan la inclusión de un segmento del borrador, propuesto por Venezuela, que añade un nuevo requisito según el cual las organizaciones que quieran participar en las actividades de la OEA deberán hacerlo ajustándose a las legislaciones internas de los países. De aprobarse este lenguaje, se le estaría brindando a los Estados mecanismos para impedir o restringir la participación de la sociedad civil en la OEA, violentando el derecho de asociación reconocido en la Declaración Americana y el Pacto de San José, entre otros tratados internacionales.

Llamó la atención el silencio de la mayoría de los Estados respecto de ambos temas. En su calidad de presidente de la Comisión que trata este tema, el Embajador de Colombia hizo una breve presentación del estado actual de este borrador de resolución. Sólo Canadá y Estados Unidos expresaron su disconformidad con el contenido que se pretende añadir y reinó el silencio en el resto del recinto. El representante de Estados Unidos expresó airadamente su rechazo al contenido actual del borrador, el cual calificó como de “altamente problemático” e inconsistente con la naturaleza de la propia resolución. Por su parte, Canadá tomó la palabra apoyando enfáticamente la postura de su país vecino. En la otra orilla, sólo Venezuela pidió la palabra para reiterar su disconformidad, cuestionando y descalificando una vez más el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil venezolanas.

Pasadas las cinco y media de la tarde, se levantó la sesión en la OEA sin una decisión sobre ambos temas, lo cual no hace más que empañar el inicio de una Asamblea General, y amenaza con no sólo dejar afuera del debate los indispensables aportes de organizaciones de la sociedad civil reconocidas nacional e internacionalmente sino también con debilitar el carácter democrático y pluralista que debe reinar en un organismo internacional.

Para mayor información:

Proyecto de Resolución “Aumento y fortalecimiento de la Participación de la Sociedad Civil y los Actores Sociales en las Actividades de la Organización de los Estados Americanos y en el Proceso de Cumbres de las Américas”

Carta de Freedom House y Consorcio Desarollo y Justicia en relación al contenido de la Resolución

Comunicado de Prensa de Espacio Civil

Freedom House celebra la publicación del Informe Anual 2009 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), incluyendo su decisión de añadir a Honduras a la lista de países que merecen especial atención debido a las violaciones a los derechos humanos. Colombia, Cuba, Haití y Venezuela vienen siendo incluidos en esta lista desde el año 2002.

“Freedom House apoya la decisión de la CIDH de resaltar las recientes amenazas a las libertades fundamentales ocurridas en Honduras”, expresó Jennifer Windsor, Directora Ejecutiva de Freedom House. “Instamos a Honduras y a otros países de la región a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.”

Felipe González, Presidente de la CIDH, presentó el informe anual ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) de la Organización de Estados Americanos (OEA) el pasado 15 de abril. El informe sobre Honduras documenta violaciones generalizadas a los derechos humanos ocurridas después del golpe de Estado de junio de 2009. Las violaciones identificadas se refieren a serias restricciones a la libertad de expresión y asociación, incluyendo la criminalización de la protesta pública, la detención de miles de personas en condiciones inhumanas, la discriminación racial y severas violaciones a los derechos políticos. Para la elaboración de este informe, la CIDH se valió de información recogida durante su visita al país en agosto de 2009 y concluye que las violaciones a los derechos humanos documentadas fueron una consecuencia directa de de la ruptura del orden constitucional en el país.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La CIDH está integrada por siete miembros independientes expertos en derechos humanos que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.

Para leer más sobre Honduras visite:

Países en la Encrucijada 2010: Honduras

Libertad en el Mundo 2010: Honduras

Libertad de Prensa 2009: Honduras