Los cuatro periodistas, secuestrados por hombres armados no identificados, fueron utilizados como presas para obligar a las estaciones de televisión a emitir un video acusando a la policía local de colaborar con una de las muchas bandas violentas de narcotraficantes del país. Este hecho es un ejemplo de la temeridad creciente con la que los grupos delictivos utilizan a civiles, en particular a trabajadores de la prensa en sus batallas brutales. Las amenazas a periodistas se han convertido en moneda corriente en algunas partes de México, debido a la expansión del crimen organizado en los últimos años y a pesar de la ofensiva del gobierno contra los grupos criminales, la violencia continúa creciendo de manera exponencial.

“Las consecuencias para la democracia son graves en casos de violencia contra periodistas de dimensiones como ésta, haciendo que otros asuntos de igual gravedad se vuelven prácticamente intocables “, dijo Paula Schriefer, directora de incidencia de Freedom House. “El gobierno mexicano debe aumentar sus esfuerzos para enfrentar la alarmante impunidad en todos los niveles de gobierno, lo cual facilita el accionar criminal dirigido a silenciar a los periodistas a través de la violencia.”

Los reporteros que investigan asuntos policiales, el narcotráfico y la corrupción oficial enfrentan un riesgo muy alto de sufrir ataques físicos. Como consecuencia, la autocensura continúa aumentando y muchos periódicos en las zonas de alta violencia ya no identifican en sus informes periodísticos a los autores de crimen organizado. Según el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), más de 30 periodistas han sido asesinados en México desde que el Presidente Felipe Calderón asumió el poder en el año 2006 y muchos más han sido secuestrados o amenazados, lo que hace al país uno de los más peligrosos del mundo para la labor periodística. La ineficacia de las investigaciones y el nivel de corrupción dentro del ámbito policial y judicial demuestran la existencia de un patrón de impunidad de estos crímenes, al igual que del resto de la violencia criminal en México.

De acuerdo al informe Libertad de Prensa 2010, México ha experimentado el mayor descenso de la libertad de prensa en América Latina durante los últimos cinco años como consecuencia del aumento de la violencia. Este informe, publicado anualmente por Freedom House, mide los niveles de la libertad de prensa en el mundo.

Además, México es clasificado como país “libre” en Libertad en el Mundo 2010, un estudio de Freedom House que analiza los derechos políticos y libertades civiles y como “parcialmente libre” en Libertad en la Prensa 2010.

Para obtener más información sobre México, visite:

Libertad en el Mundo 2010: México

Libertad de Prensa 2010: México

Países en la Encrucijada 2010: México

El texto propuesto por Venezuela pretendía incluir una frase que condicionaba la participación de la sociedad civil en la OEA de acuerdo a lo establecido en las legislaciones internas de los países. Tal como venía ocurriendo desde el inicio de las discusiones iniciadas en Washington sobre este tema, Estados Unidos y Canadá reiteraron hoy su vehemente rechazo a la incorporación del cuestionado lenguaje durante la sesión de la Asamblea que discutió este tema. En contraste con las intervenciones en apoyo a este tema expresadas ayer en la reunión entre sociedad civil y jefes de delegación, en el día de hoy los países de la OEA se demoraron en adoptar posiciones firmes prolongando la discusión más de lo necesario.

Debido a las dificultades para alcanzar consenso, el tema debió ser reincorporado en tres oportunidades distintas a la agenda del día. En un intento por destrabar la discusión, Estados Unidos sugirió llevar el tema a votación. Nuevas negociaciones y las intervenciones de otros Estados, como Chile, Perú y México, ayudaron a que finalmente se adoptara el mismo texto aprobado el año pasado, sin la inclusión de cambios y por ende sin restricciones. De esta manera se pudo cerrar la resolución y dar por terminada la sesión.

A los ojos de las organizaciones de la sociedad civil presentes en la Asamblea, esta decisión fue interpretada como una victoria producto, entre otras cosas, de la presión ejercida por las organizaciones presentes para impedir la aprobación de un contenido cuestionable y potencialmente restrictivo. No obstante, este tema continúa preocupando a la sociedad civil debido a las evidentes dificultades de los Estados de la OEA para acordar un mayor compromiso político en defensa del derecho de las organizaciones a participar en este organismo.

Victoria Amato, desde Lima, Perú

En los apenas tres minutos concedidos, la sociedad civil expresó enérgicamente su rechazo al contenido del borrador de resolución que pretende imponer límites para acceder a participar en las actividades de la OEA. Esta resolución, que será discutida durante esta Asamblea, contiene en uno de sus párrafos una frase que condiciona esta participación imponiendo que la misma debe ser “de acuerdo con las legislaciones internas de los Estados”, lo cual abre la posibilidad para que hoy o en el futuro los Estados de la OEA utilicen sus legislaciones para coartar la participación de la sociedad civil en sus actividades. Ante una sala colmada y mientras se hacía lectura del petitorio reclamando la no aprobación de esta resolución, los representantes de la sociedad civil sostuvieron volantes con la lectura “no a la restricción,” que además fueron distribuidos en mano a los representantes de los gobiernos. El petitorio exigió a los países de la OEA reunidos en Lima un rechazo ¨firme y expreso¨ a la incorporación de dicho contenido en la resolución.

La sociedad civil también pidió que esta Asamblea apruebe la Estrategia Renovada de las organizaciones de la sociedad civil en las actividades de la OEA, presentada en 2009 por el Departamento de Relaciones Internacionales y la Ley Modelo Interamericana de acceso a la información pública.

Si bien otros asuntos fueron levantados en este diálogo, fue el tema de las posibles restricciones lo que logró captar la atención y la reacción de varios de los gobiernos presentes. A favor de una amplia participación de la sociedad civil se expresaron los gobiernos de Canadá, México, Estados Unidos, Panamá, Chile, Haití, Perú y Uruguay, quienes pidieron la palabra para pronunciarse exclusivamente sobre este tema.

El contenido de esta resolución terminará de discutirse mañana cuando comience oficialmente la Asamblea General. Derecho a Voz continuará informando sobre el tema.

Victoria Amato, desde Lima, Perú.