La  propuesta de reforma está abierta para consulta tanto de las organizaciones de la sociedad civil como de los Estados de la OEA.  La CIDH acaba de extender el plazo para entregar observaciones y sugerencias hasta el 31 de agosto.  En los últimos meses, la controversia se ha centrado específicamente en cuál debe ser el rol, si acaso alguno, del Secretario General de la OEA en la selección del Secretario Ejecutivo. Hasta ahora la CIDH ha tenido plena autonomía para elegir a su Secretario Ejecutivo, quien debe ser ratificado por la máxima autoridad de la OEA. En los últimos años han habido señales de parte de Estados miembro y de la misma institucionalidad de la OEA de querer tener un rol más activo en la Comisión.

La reunión con sociedad civil para discutir este tema se realizará mañana martes 19 de julio por la tarde en Washington.  El diálogo será transmitido por internet pero no se ha informado aún sobre el formato que se seguirá de manera de permitir la participación a distancia de organizaciones de la región. La CIDH desea sostener una reunión similar para dialogar con los Estados el mismo día pero por la mañana. Fuentes de la OEA, sin embargo, dudan que dicho encuentro pueda realizarse ya que varios Estados se oponen a debatir fuera del seno del Consejo Permanente.

COMO PARTICIPAR DESDE SU PAIS

Tal como se ha hecho en otras oportunidades con temas de similar trascendencia, Derecho a Voz transmitirá, a nombre de su organización, las preguntas o sugerencias que usted desea plantear a las autoridades de la CIDH respecto del criterio y proceso de selección del próximo Secretario Ejecutivo. Derecho a Voz se limitará a ser un vehículo para que su voz pueda ser oída. Derecho a Voz mencionará el nombre de su institución y país y explicará que no han podido viajar a Washington, pero que desean participar, antes de hacer la pregunta correspondiente. Todas las respuestas serán reportadas a través de Derecho a Voz ese mismo día. Si desea enviar una pregunta, favor escribir a info@derechoavoz.org con la pregunta, el nombre de la institución y país, indicando si su organización está registrada con la OEA.

Dudas y comentarios se pueden hacer llegar a la misma dirección de correo o a través de este sitio web.

Según el texto de la resolución, los Estados se comprometen a promover y fomentar las diversas formas de participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones y a proteger y respetar los derechos de reunión pacifica y libre asociación en concordancia con el derecho internacional de los derechos humanos.

“La adopción por primera vez de una resolución sobre libertad de asociación es un importante avance, que además se produce en medio de crecientes restricciones legales y administrativas para las organizaciones de las sociedad civil en varios países de la región”, expresó Viviana Giacaman, directora del programa de América Latina de Freedom House. “Desde ahora, las organizaciones de la sociedad civil cuentan con un instrumento para monitorear la acción de los gobiernos y demandar cumplimiento de los estándares de libre asociación”.

En los últimos años, por lo menos ocho gobiernos de América Latina han implementado o considerado  medidas legales o administrativas con el fin de limitar las actividades de las organizaciones de sociedad civil. En la mayoría de los casos, estas medidas están dirigidas a otorgar a los gobiernos control excesivo en el registro de organizaciones no gubernamentales, entregar facultades de supervisión desmedidas a funcionarios públicos respecto de las actividades de las ONGs o establecer límites para el financiamiento internacional. Al mismo tiempo, muchos gobiernos toleran o incitan un clima hostil hacia el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, a través de un discurso público dirigido a denigrar, insultar y cuestionar la labor de las ONGs y sus líderes. Como resultado, se viene observando un incremento de ataques directos e intimidaciones a organizaciones en países como Bolivia, Colombia, Honduras, Nicaragua y Venezuela.

Freedom House felicita a los Estados de la OEA que impulsaron la adopción de este importante texto e insta a la organización a que siga facilitando la implementación de leyes y políticas públicas respetuosas del derecho de asociación y reunión, de acuerdo a los instrumentos internacionales de derechos humanos.  Por último, Freedom House reconoce la importante labor de incidencia llevada a cabo por las organizaciones de la sociedad civil, las cuales desde el comienzo alentaron la adopción de esta resolución a nivel local e internacional.

Tras las palabras introductorias de Marcelo Varela, director asociado para las Américas Centro Carter, tomó la palabra la Embajadora de Estados Unidos Carmen Lomellin seguida por la Embajadora de Uruguay María del Lujan Flores, quienes presentaron un breve análisis de los 10 años de la Carta y sus opiniones respecto de los desafíos presentes y el rol que deben jugar los Estados de la OEA en la protección y fortalecimiento de la democracia. Jorge Santistevan de Noriega, miembro del grupo Amigos de la Carta Democrática, se explayó sobre una idea que viene circulando hace tiempo tanto dentro como fuera de la OEA: la necesidad de establecer una relatoría especial para la democracia.  Santistevan, quien ejerció como defensor del pueblo de Perú en el periodo 1996 – 2000, se animó a proponer cuáles deberían ser los roles de un relator de la democracia de la OEA, enfatizando sobre la importancia de que esta relatoría se aboque a desarrollar tareas preventivas que impidan a priori quiebres institucionales y otras crisis políticas. 

Casi todos en el auditorio reconocieron que esta propuesta, de prosperar y llegar a ser parte de la agenda de la OEA, encontrará más de un detractor dentro del organismo. Tanto los Estados como los actores de la sociedad civil que participen del proceso deberán enfrentar como principal reto el acordar una definición única de democracia sobre la que todos coincidan.   

La agenda de la Asamblea de la OEA continúa estos días con importantes temas, sobre los que Derecho a Voz continuará informando, como la elección de nuevos miembros de la CIDH y la aprobación de un texto de resolución que establece criterios regionales para el derecho a la libertad de reunión y asociación.