En su tercer y último día de audiencias, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) recibió a activistas y organizaciones de derechos humanos de la región y fue informada sobre los siguientes temas:

• Defensores y personas privadas de libertad en Guatemala: La Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (UDEFEGUA) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (ICCPG) presentaron un informe a la CIDH que documenta los recientes ataques que han sufrido los defensores de derechos humanos como consecuencia de su trabajo diario en el país. En lo que va de este año, 10 defensores han sido asesinados y los ataques, hostigamientos e intimidaciones continúan siendo moneda corriente. La segunda audiencia del día trató sobre la precaria situación en que se encuentra el sistema penitenciario guatemalteco que pone en riesgo, según lo expresado por las organizaciones, la vida e integridad de los internos. La respuesta de los representantes del Estado no contentó a la CIDH, la cual quiso saber sobre medidas concretas tomadas por el gobierno para proteger a los detenidos menores de 18 años y sobre la utilización de centros militares para la detención de internos. En su defensa, el gobierno guatemalteco argumentó que “en todos los países del mundo hay problemas en las cárceles” e invitó a la CIDH a visitar el país para interiorizarse sobre los programas que el gobierno ha puesto en marcha para mejorar el sistema penitenciario. Respecto de ambos temas, las organizaciones le pidieron a la CIDH que visite el país y elabore un informe.

• Ley habilitante y derechos humanos en Venezuela: Un grupo de reconocidos juristas venezolanos presentaron a la CIDH un análisis jurídico sobre la incompatibilidad del alcance de la ley habilitante aprobada en diciembre pasado con los estándares internacionales en derechos humanos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También expresaron su preocupación por la cantidad y contenido de leyes aprobadas en el mismo periodo sin discusión previa en la Asamblea Nacional. La delegación estuvo integrada por Pedro Nikken, Carlos Ayala, Héctor Faundes y otros académicos del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andres Bello (UCAB) de Caracas. En representación del Estado estuvo presente el embajador ante la OEA, Roy Chaderton Matos, quien no se hizo uso de la palabra, el diputado Carlos Escarra y el abogado del Estado Germán Saltron. En su presentación, las autoridades venezolanas acusaron a los juristas de estar diciendo “mentiras” ante la CIDH y refutaron la gran mayoría de irregularidades señaladas. “Este es nuestro proyecto de país y no daremos marcha atrás ni en un milímetro,” sentenció el diputado Escarra.

• Personas privadas de libertad en cárceles de Venezuela: El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y activistas de derechos humanos informaron a la CIDH sobre los altos niveles de hacinamiento, superpoblación y otras condiciones precarias al interior de las cárceles, aumentando los niveles de violencia y facilitando la violación de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. En especial se hizo hincapié en el actual estado de los centros de detención de mujeres en Venezuela. Expertos en este tema indicaron también que en la mayoría de las comisarías del país se vulneran a diario los derechos humanos de los internos, al no proporcionarles alimentación básica, ni atención médica y social necesaria. Recordaron además que el gobierno no ha cumplido con las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana para impedir que más personas mueran en las cárceles. Dirigiéndose a la CIDH, Venezuela se quejó por ser el único país que tiene medidas provisionales en la Corte sobre este tema “cuando todos los países de la región tienen problemas en sus cárceles.” El Comisionado Paulo Sergio Pinheiro le recordó al Estado que en sus años como relator del país no ha podido ir nunca a Venezuela y solicitó que inviten a la CIDH para poder continuar el diálogo en terreno y asistir al gobierno en este y otros temas de derechos humanos. La respuesta de Venezuela fue un no rotundo.

• Presos políticos de Venezuela: Cuatro mujeres venezolanas denunciaron ante la CIDH la detención por motivos políticos de sus esposos y denunciaron violaciones al debido proceso en las investigaciones de estos casos. “Es evidente que lo que ha llevado a la detención de nuestros esposos es una motivación política”, dijo una de las mujeres, cuyo esposo fue recientemente condenado a 30 años de prisión acusado de conspirar contra el gobierno de Hugo Chávez. Las esposas de los detenidos denunciaron que las autoridades a cargo de las investigaciones han organizado campañas de calumnias, inventado pruebas y sobornado a testigos para que acusen ilegalmente a las víctimas. Indicaron además la designación a dedo de jueces para que emitan sentencias favorables al gobierno. Le pidieron a la CIDH que reconozca el status de presos políticos en Venezuela y que obligue al Estado a garantizar la imparcialidad del poder judicial. Venezuela negó nuevamente toda acusación indicando que no existen presos políticos en el país y volvió a desacreditar el trabajo de la CIDH.

• Derecho a la consulta de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la región andina: Organizaciones de la región andina se presentaron ante la CIDH para solicitarle que obligue a los Estados a que respeten el derecho a la consulta de los pueblos indígenas y afrodescendientes al considerar la explotación de recursos naturales con fines comerciales. Representantes de Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia expusieron sobre las violaciones a este derecho que sufren a diario las comunidades indígenas de sus países y denunciaron la falta de voluntad política de los Estados para darle mayor atención al tema. Le pidieron a la CIDH que recomiende a los Estados que aprueben leyes para regular este derecho y que le indiquen la necesidad de monitorear de más cerca las actividades extractivas de las empresas privadas, asegurándose que estas se hagan en el marco de un respeto a los derechos de los pueblos indígenas.

• Otras audiencias: La CIDH también fue informada sobre violaciones a los derechos humanos contra defensores en las Américas, violencia de género en Brasil, situación de cárceles en Ecuador, violaciones a la libertad sindical de mujeres en Centroamérica, acceso a la justicia en Perú y derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas y afro descendientes en la región andina.

En el segundo día de audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) y desde la sede de la OEA, Derecho a Voz ofrece el segundo informe sobre los principales temas abordados hoy por grupos de derechos humanos de la región.

• Deportación y detención de migrantes en Estados Unidos: A la sala llena y con el conmovedor relato de un hombre cuya esposa fue detenida, separada de sus cuatro hijos y sometida a proceso de deportación, comenzó la primera audiencia del día relativa a los derechos humanos y políticas de deportación y detención de migrantes en Estados Unidos. Grupos que trabajan por los derechos de los migrantes criticaron las políticas migratorias aplicadas por Estados Unidos, enfatizando las irregularidades al debido proceso y las violaciones a los derechos humanos que se cometen en los centros de detención y deportación. Después de la exposición, la delegación de Estados Unidos agradeció a la CIDH la publicación del informe sobre Inmigración en Estados Unidos: Detenciones y Debido Proceso para luego someterse a las preguntas de la CIDH. Entre otros temas, los comisionados le pidieron al Estado que brindara información por escrito sobre el número exacto de niños, niñas y adolescentes que han sido separados de sus madres en los centros de detención así como medidas alternativas de detención de migrantes que estaban siendo consideras por el gobierno.

• Derechos humanos en Colombia: Otra audiencia que despertó el interés de un importante número de público. Organizaciones colombianas iniciaron su exposición indicando que a pesar del nuevo gobierno “la política de derechos humanos no ha cambiado en Colombia.” Denunciaron que las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada de personas continúa y que la situación de defensores de derechos humanos “sigue siendo crítica.” Según las cifras brindadas, un total de 19 defensores han sido asesinados, persiste el robo de información a organizaciones de derechos humanos y la protección que el gobierno está brindando a víctimas es insuficiente. Los activistas le pidieron a la CIDH que visite el país y al Estado que establezca una unidad especial para investigar ataques a defensores dentro de la fiscalía de derechos humanos. “La búsqueda de la paz es un deber y un derecho de todos,” expresó uno de los defensores, “pero es sobre todo un deber del Estado y por eso le pedimos a las autoridades que se abstengan de estigmatizar a las organizaciones que buscan la paz en Colombia.” En su descarga, el Estado se defendió de las acusaciones, argumentando que los ataques contra defensores estaban disminuyendo lo cual no contentó a los peticionarios.

• Inteligencia del DAS: Otra audiencia cargada de desencuentros. La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo de Colombia manifestaron su descontento por el retroceso en “la investigación del escándalo del DAS,” respecto de actividades de inteligencia ilegales cometidas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) contra jueces, periodistas y organizaciones no gubernamentales. En esta audiencia, el Estado volvió a negar acusaciones asegurando que la investigación del DAS avanza “a paso firme.” La CIDH quiso saber sobre la disposición política de investigar a los funcionarios más altos que podrían estar involucrados en el escándalo del DAS, sobre lo cual el Estado respondió que la investigación estaba encaminada con el fin de llegar hasta las “esferas más altas.” De igual manera, la CIDH preguntó sobre el avance de la investigación en torno a la inteligencia aplicada a miembros de la CIDH en ocasión de una visita al país e información actualizada sobre las investigaciones de los casos de los periodistas espiados. Las organizaciones pidieron que la CIDH visite el país pero nuevamente el Estado hizo oídos sordos y no respondió sobre ese tema.

• Seguridad ciudadana y derechos humanos en México: Encabezados por la reconocida activista Marie Claire Acosta, más de quince organizaciones de derechos humanos expusieron frente a funcionarios del presidente Felipe Calderón y miembros de la CIDH sobre el preocupante aumento de la violencia en México. Pidieron a la CIDH que visite el país y que haga un informe con recomendaciones específicas al gobierno. Criticaron la política actual del gobierno para frenar la delincuencia organizada, denunciando el incremento de homicidios y la práctica de desapariciones forzadas, entre otros temas. Pidieron además que el gobierno asuma el Informe Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos como una hoja de ruta de manera de combatir la violencia en un marco de respeto al estado de derecho y los derechos humanos.

• Derechos reproductivos de las mujeres en América Latina y el Caribe: Organizaciones de derechos de las mujeres presentaron a la CIDH un informe sobre las consecuencias que tienen para gran cantidad de niñas, adolescentes y mujeres la penalización del aborto en la región cuando existe riesgo para la vida o la salud de la mujer. Esta constituyó la primera vez que el tema llega a oídos de la CIDH en forma de audiencia temática regional. Representantes de organizaciones de Argentina, Brasil, México, Nicaragua, República Dominicana y El Salvador leyeron a la CIDH conmovedores testimonios sobre lo ocurrido a mujeres y niñas de distintos países de la región por no haber podido acceder a sistemas de salud respetuosos de derechos humanos básicos. Las organizaciones en su conjunto le pidieron a la CIDH que en su próximo informe temático sobre los derechos de la mujer incorpore un capítulo especial sobre este tema con recomendaciones específicas a los Estados sobre políticas públicas en materia de salud reproductiva.

• Otros temas: Los miembros de la CIDH también recibieron en audiencia a activistas y usuarios del sistema interamericano quienes llegaron a Washington para informar sobre la situación de la población desplazada en Colombia, pueblos indígenas y migrantes en México, situación de cárceles en la provincia de Buenos Aires, impunidad por violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Duvalier en Haití, cambio climático, acceso al agua y derechos humanos así como reforma constitucional y derechos humanos en México, entre otros temas.

Comenzaron hoy en Washington las audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA). Directamente desde la sede de la OEA, Derecho a Voz brinda el siguiente informativo que resume los puntos más importantes llevados a la atención de la CIDH por organizaciones y activistas de derechos humanos de la región.

• Intimidaciones y agresiones contra defensores de derechos humanos en Honduras:. Las consecuencias del golpe de Estado en Honduras continúan siendo tema de interés para la CIDH. En presencia de representantes del gobierno de Porfirio Lobo, organizaciones hondureñas denunciaron las constantes intimidaciones y agresiones que aún reciben por parte de funcionarios del gobierno. Advirtieron además que el gobierno sigue sin otorgar las medidas de protección para defensores de derechos humanos ordenadas por la CIDH. Al tomar la palabra, los representantes del Estado negaron todas las acusaciones. Ante una consulta del comisionado Felipe González sobre la cantidad de policías procesados por violaciones a los derechos humanos, uno de ellos se encontró en problemas al no poder ofrecer una respuesta clara y se comprometió ante la CIDH de enviar por escrito los datos solicitados.

• Represión policial en las calles de Honduras: Un grupo de abogados hondureños de la zona norte del país acusó a la policía y al ejército hondureño de utilizar de manera desmedida la fuerza y de reprimir violentamente manifestaciones pacíficas. Los denunciantes informaron a la CIDH que las autoridades no investigan y que la falta de justicia y la impunidad “no hacen más que aumentar la represión.” En su descarga el Estado argumentó que la policía sólo “sale a la calle para prevenir la violencia e intentar dialogar con la gente.” De los cinco miembros del gobierno presentes, algunos se mostraron más abiertos a escuchar mientras que otros acusaron a las organizaciones de estar mintiendo e inclusive negaron que lo ocurrido en junio de 2009 fue un golpe de Estado.

• Los derechos de las mujeres nicaragüenses: La audiencia empezó con la lectura, por parte de una de las peticionarias, del conmovedor testimonio de una joven nicaragüense que fue víctima de una agresión sexual, producto de la cual quedo embarazada. Seguidamente, las más diez organizaciones de derechos de las mujeres presentes informaron a la CIDH sobre la violencia sexual y la violencia intrafamiliar que sufren miles de niñas y mujeres en Nicaragua. Citando cifras del Instituto de Medicina Legal del 2009, informaron que 1 de cada 3 mujeres sufrieron violencia sexual en el país durante ese año, 1 de cada 4 víctimas era menor de 10 años y en tan sólo un periodo de dos años 198 niñas quedaron embarazadas producto de violencia sexual. Insistieron en que el Estado no investiga adecuadamente estas agresiones y que las víctimas son estigmatizadas e ignoradas. Denunciaron además la penalización del aborto terapéutico, lo cual despertó el interés de uno de los comisionados de la CIDH quien pidió más información sobre este tema. La CIDH expresó su interés de realizar una visita al país para dialogar de manera más fluida con el gobierno y la sociedad civil, pero no obtuvo respuesta.

• Derechos políticos en Nicaragua: Otra audiencia con pocos puntos de acuerdo. Activistas nicaragüenses presentaron un video en el que se ve a grupos de choque agrediendo a periodistas y a opositores al actual gobierno. Denunciaron irregularidades y violaciones a los derechos políticos en el actual contexto electoral y pidieron a la CIDH que realice una visita para constatar lo denunciado. En respuesta, uno de los representantes del Estado acusó a las organizaciones de recurrir a la CIDH con fines políticos. Recordando el artículo de la Convención Americana que obliga a los Estados a ofrecerle todas las garantías a las organizaciones peticionarias, el comisionado Felipe González recordó que “no corresponde descalificar a las personas que solicitan las audiencias, esto ha ocurrido en audiencias anteriores y me parece muy grave,” expresó para luego increpar sobre las medidas que tomado el Estado para frenar lo denunciado. “Hay fuerzas de choque en todo el mundo, eso pasa en todos los países del mundo” fue la respuesta del Estado.

• Defensores y Defensoras en América del Sur: La audiencia sub-regional del día estuvo enfocada en la entrega de un informe a la CIDH sobre los mecanismos utilizados para acallar el trabajo de los defensores de derechos humanos y la criminalización del movimiento: El uso de leyes antiterroristas, la intimidación a defensores por utilizar el sistema interamericano, el uso de decretos legislativos para criminalizar la protesta social, el espionaje ilegal, las acusaciones por sabotaje y terrorismo a activistas, las amenazas y las campañas intimidatorias. Todo esto no se investiga informaron los asistentes, quienes además expresaron su preocupación por la tendencia a querer disolver organizaciones y las restricciones impuestas al financiamiento externo. Con el apoyo de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), representantes de Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Brasil presentaron toda esta información ante la CIDH. Días antes de la audiencia, activistas bolivianos no se animaron a viajar a Washington para participar de la audiencia debido a las intimidaciones de que son víctima por parte del gobierno de Evo Morales.

• Otras audiencias: La CIDH también fue informada sobre los despidos que sufrieron un grupo de jueces hondureños por oponerse al golpe de Estado de junio de 2009, la discriminación racial contra la población afrodescendiente en Uruguay, mujeres migrantes en la región andina, la niñez mapuche en Chile, orientación sexual e identidad de género de la población haitiana, las medidas de protección para mujeres y niñas en campamentos de desplazados forzados en Haití y derechos humanos en Jamaica.