Washington, D.C. 8 de septiembre de 2010

Freedom House manifiesta su grave preocupación por una serie de recientes decretos emitidos por el gobierno peruano que pueden dar lugar a la impunidad continua a los autores de violaciones de derechos humanos que fueron cometidas durante las dos décadas de conflicto interno en el país.

El conjunto de decretos emitidos por el Poder Ejecutivo el 1 de septiembre, en virtud de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso peruano, amenaza con consolidar la impunidad de los perpetradores de violaciones de derechos humanos. Las nuevas leyes permiten el archivo – en efecto, el sobreseimiento – de los cargos contra agentes de las fuerzas de seguridad cuyos casos se han prolongado durante años debido a la negativa de los militares a entregar información clave para las investigaciones a los fiscales y a las víctimas. Los abogados de algunos de los implicados en estas violaciones, tanto sospechosos como condenados, ya han presentado pedidos de prescripción y archivo basados en estos nuevos decretos.

“Este es un grave retroceso para el Perú, en particular después de la reciente condena de Fujimori, la cual fue considerada una victoria para los derechos humanos”, dijo Jake Dizard, editor del informe Países en la Encrucijada de Freedom House. “La impunidad que estas leyes fomentan y la falta de esfuerzos del gobierno para investigar violaciones de derechos humanos ha demostrado claramente una indiferencia hacia las víctimas del conflicto.”

Tras la caída de la dictadura de Fujimori en el año 2000, el celebrado informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación ayudó a los ciudadanos a conocer la verdadera magnitud de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno. La mayoría de las 70,000 muertes fueron perpetradas contra los ciudadanos más vulnerables de Perú, miles de ellas atribuidas a las fuerzas de seguridad del Estado. A raíz del informe de la Comisión, se iniciaron docenas de procesos judiciales de los casos más impactantes y simbólicos. Sin embargo, a pesar de haberse registrado algunos avances, la administración del actual presidente Alan García ha demostrado escasa voluntad política para fomentar el avance de dichos procesos.

Otros de estos nuevos decretos otorgan un papel preponderante a las fuerzas armadas en el mantenimiento del orden interno, lo cual podría resultar en una mayor represión de las frecuentes protestas sociales en el Perú así como en una jurisdicción ampliada de justicia militar para crímenes contra la población civil.

Freedom House expresa su profunda preocupación por estas leyes, que amenazan con erosionar la democracia y paralizar el proceso de justicia transicional en el Perú e insta a que:

• el Tribunal Constitucional declare estas normas inconstitucionales;
• los jueces se abstengan de aplicar las nuevas normas para los casos bajo su jurisdicción;
• los organismos del sistema interamericano encargado de proteger los derechos humanos exijan al Estado peruano el pleno respeto a las normas contenidas en los tratados internacionales que ha suscrito Perú.

Perú es clasificado como país “libre” en Libertad en el Mundo 2010, un estudio de Freedom House que analiza los derechos políticos y libertades civiles.

Para obtener más información sobre Perú, visite: Libertad en el Mundo 2010: Perú