Durante el 2009 la región Andina mostró las peores condiciones para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en América Latina. En los dos últimos años no ha registrado mejoras en ninguno de los países que la componen, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Esta información fue presentada por el Instituto de Defensa Legal (IDL) de Perú, el Centro sobre Derecho y Sociedad (CIDES) de Ecuador, el Consorcio Desarrollo y Justicia de Venezuela y Freedom House, de Estados Unidos, ante la Comisión de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de una audiencia pública ante este organismo de derechos humanos.

Entre otros temas, el informe documenta que en todos los países andinos se observan problemas en el ambiente político que afectan este derecho. Estos incluyen agresiones e intimidaciones contra periodistas, reformas legales restrictivas, procesos administrativos contra medios de comunicación, cierre de emisoras, uso abusivo de cadenas nacionales, discursos descalificatorios de funcionarios públicos contra la prensa crítica, y mecanismos poco transparentes en la asignación de publicidad oficial a medios de comunicación. Parte del contenido del informe recoge las conclusiones presentadas en el informe sobre libertad de expresión que Freedom House publica anualmente, llamado Libertad de Prensa (Freedom of the Press). Durante la audiencia, las organizaciones manifestaron a la CIDH los riesgos que este panorama presenta de cara a los actuales y futuros procesos electorales que tendrán lugar este año y el próximo en varios países de la región. En este sentido, recordaron a la CIDH que, como ya ha ocurrido en el pasado, este tipo de ataques a la libertad de expresión tienden a incrementarse durante procesos electorales afectando seriamente la consolidación democrática en la región Andina.

La presentación de Freedom House, IDL, CIDES y Desarrollo y Justicia incluyó pedidos concretos a la CIDH dirigidos a que se le exija a los Estados de la OEA que respeten los estándares internacionales de libertad de expresión, que investiguen los ataques contra la prensa y tomen medidas preventivas para proteger la labor de periodistas, medios de comunicación y defensores de derechos humanos.  Finalmente solicitaron que la CIDH invoque a la OEA la implementación de misiones electorales que permitan documentar cabalmente las violaciones a este derecho desde el inicio de los procesos electorales.

Con la tranquilidad de quien no tiene nada que perder, el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza y su Secretario General Adjunto, Albert Ramdin, sostuvieron hoy un diálogo con la sociedad civil en el marco de la elección de estos cargos que tendrá lugar el 24 de marzo. Insulza y Ramdin no sólo ocupan actualmente estos puestos sino que además son los únicos candidatos, y cuentan con el apoyo de una buena parte de los países del continente.

La reunión, que tuvo lugar en la sede principal de la OEA en Washington, fue convocada y moderada por Irene Klinger, Directora del Departamento de Asuntos Internacionales de la OEA y transmitida en directo por internet. En un esfuerzo importante, el evento contó con la participación, vía videoconferencia,  de organizaciones de Argentina, Colombia, México y Trinidad y Tobago, quienes se reunieron en sus respectivos países para presenciar el evento y hacer preguntas a la distancia.  El diálogo comenzó con una exposición de ambos candidatos a la reelección seguido de las preguntas de la sociedad civil.

Sociedad civil presente en Washington destacó la realización del diálogo y el esfuerzo de promover la participación de la sociedad civil. Sin embargo, tanto los discursos de los candidatos como sus respuestas carecieron de propuestas o de anuncios importantes. Tampoco quedó claro cuál es la visión de la dupla para la OEA en el futuro, ni cuáles sus metas para su segundo mandato. El diálogo pareció más una reunión con actuales funcionarios que con candidatos.

Derecho a Voz tuvo la oportunidad de hacer sólo una pregunta, y tomó la palabra en representación del Instituto de Defensa Legal (IDL) de Perú; organización que, respondiendo a nuestra invitación, envió una pregunta relativa al financiamiento del sistema Interamericano de Derechos Humanos: “De ser reelegido al cargo de Secretario General de la OEA, ¿se puede comprometer a gestionar un mejor presupuesto a favor de la Comisión y la Corte Interamericanas, partiendo de la premisa que actualmente ambos órganos ostentan un presupuesto claramente insuficiente? ¿Estaría dispuesto o no a reducir gastos en otras dependencias de la OEA para lograr este objetivo?”

En su respuesta, Insulza expresó: “Yo estaría dispuesto a hacer los sacrificios que sean necesarios para aumentar el presupuesto de la CIDH y la Corte. Ya hemos dado pasos en ese sentido, sin embargo también es necesario aumentar los recursos que llegan a la OEA desde los países y yo espero que éstos estén dispuestos a contribuir, sobre todo aquellos que valoran el importante trabajo que hacen estos órganos”.

Respecto de la posibilidad de reducir gastos en otras aéreas de la OEA,  manifestó que el tema está en debate pero que no será una tarea fácil debido a que, según dijo, su obligación es escuchar las demandas de otros países respecto de los temas que la OEA debe tratar: “Si quisiéramos atender todos los temas que se han tratado en este debate necesitaríamos un presupuesto mucho mayor”, agregó Insulza.

La participación de la sociedad civil también fue un tema de preocupación de las organizaciones. Por videoconferencia desde Argentina la organización Poder Ciudadano quiso saber cuáles serían las medidas concretas a tomar para resolver el rechazo de inscripción de la organización Transparencia Venezuela, cuyo registro para participar en las actividades de la OEA ha sido vetado. Insulza respondió que está buscando proponer un mecanismo mediante el cual una organización internacional como Transparencia, que tiene filiales en varios países sólo necesite registrar su casa matriz para que todos sus capítulos queden registrados.

La sociedad civil presente tanto en Washington como en la región también preguntó sobre temas relacionados con derechos de los pueblos indígenas, explotación comercial y sexual de niños, niñas y adolescentes, implementación y promoción de la Carta Democrática Interamericana y el cumplimiento de los tratados internacionales adoptados por los países de la OEA. El encuentro se extendió por casi tres horas y aun así muchas preguntas quedaron sin responder.  Tanto Insulza como Ramdin se ofrecieron a continuar respondiendo preguntas por correo electrónico e invitaron a las organizaciones cuyas voces no pudieron oírse a enviar sus preguntas al siguiente correo electrónico: civilsociety@oas.org

El video con la transmisión completa de este dialogo puede accederse ingresando al siguiente link:  http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp