Freedom House, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, el Centro Carter y la Red Democracia Activa organizaron un evento durante la 41 Asamblea General de la OEA que está teniendo lugar en El Salvador. Las cuatro organizaciones convocaron a gobiernos y grupos de la sociedad civil a una mesa debate en torno al décimo aniversario de la Carta Democrática Interamericana y los desafíos de la democracia en la región. Un tema central del debate giró en torno a la necesidad de contar desde la OEA con un mecanismo independiente que brinde alertas tempranas para la prevención y protección de la democracia en la región. En representación de los gobiernos estuvieron autoridades de Estados Unidos, Uruguay, Venezuela, Colombia y Canadá.  Además de los auspiciantes del evento, participaron la Fundación para el Debido Proceso Legal, Transparencia Internacional, Pro Acceso y la Alianza Regional por la Libertad de Expresion e Información, entre otras organizaciones.

Tras las palabras introductorias de Marcelo Varela, director asociado para las Américas Centro Carter, tomó la palabra la Embajadora de Estados Unidos Carmen Lomellin seguida por la Embajadora de Uruguay María del Lujan Flores, quienes presentaron un breve análisis de los 10 años de la Carta y sus opiniones respecto de los desafíos presentes y el rol que deben jugar los Estados de la OEA en la protección y fortalecimiento de la democracia. Jorge Santistevan de Noriega, miembro del grupo Amigos de la Carta Democrática, se explayó sobre una idea que viene circulando hace tiempo tanto dentro como fuera de la OEA: la necesidad de establecer una relatoría especial para la democracia.  Santistevan, quien ejerció como defensor del pueblo de Perú en el periodo 1996 – 2000, se animó a proponer cuáles deberían ser los roles de un relator de la democracia de la OEA, enfatizando sobre la importancia de que esta relatoría se aboque a desarrollar tareas preventivas que impidan a priori quiebres institucionales y otras crisis políticas. 

Casi todos en el auditorio reconocieron que esta propuesta, de prosperar y llegar a ser parte de la agenda de la OEA, encontrará más de un detractor dentro del organismo. Tanto los Estados como los actores de la sociedad civil que participen del proceso deberán enfrentar como principal reto el acordar una definición única de democracia sobre la que todos coincidan.   

La agenda de la Asamblea de la OEA continúa estos días con importantes temas, sobre los que Derecho a Voz continuará informando, como la elección de nuevos miembros de la CIDH y la aprobación de un texto de resolución que establece criterios regionales para el derecho a la libertad de reunión y asociación.

Freedom House expresa su profunda preocupación por la aprobación del referéndum constitucional en Ecuador que le dará al presidente Correa influencia excesiva sobre los medios de comunicación y el poder judicial.

La consulta popular –realizada el 7 de mayo pasado- consistió de diez preguntas, entre las que se incluyó la creación un organismo regulador de los contenidos de los medios de comunicación y la prohibición a las empresas de medios de invertir en otros sectores. El ente regulador, que en la práctica será controlado por el ejecutivo,  se encargará de supervisar la televisión, la radio y los medios de comunicación impresos. Su mandato incluirá la supervisión de contenidos, vagamente definidos, tales como violencia, sexo y discriminación y la facultad de administrar sanciones contra los infractores. Si bien todas las propuestas del referéndum fueron aprobadas, la relativa a la creación de un ente regulador de medios de comunicación ganó por un estrecho margen, señal de que los ecuatorianos reconocen la potencial amenaza que representa la interferencia del gobierno en este sector.

“La continua intimidación a los medios independientes por parte de Correa y el uso de demandas por difamación para silenciar a periodistas están teniendo un efecto disuasivo en la prensa de Ecuador,” dijo Viviana Giacaman, directora para América Latina de Freedom House. “La inmediata atención y acción por parte de la comunidad internacional es vital para salvaguardar la democracia y los derechos humanos del pueblo ecuatoriano.”

El Presidente Correa presentó una demanda criminal el 21 de marzo de 2011 por $80 millones en daños contra el diario “El Universo,” por la cual el columnista Emilio Palacio, así como los ejecutivos del periódico, enfrentan hasta tres años en prisión por la publicación de un artículo “calumnioso”. La denuncia fue impulsada por una editorial publicada el 6 de febrero de 2011 por Palacio describiendo la rebelión policíaca de septiembre de 2010, en el cual se refirió a Correa como “el dictador.” En una entrevista, Correa calificó dicha editorial como irresponsable e insistió en que los directores del periódico se hicieran responsables por la publicación del mismo.

“Freedom House exhorta al gobierno ecuatoriano a cumplir con su obligación de respetar las normas internacionales sobre libertad de expresión,” dijo Giacaman.

Ecuador está ubicado en la categoría “Parcialmente Libre” en Libertad en el Mundo 2011, el estudio anual de Freedom House sobre derechos políticos y libertades civiles, así como en Libertad de Prensa 2011.

Para más información sobre Ecuador, visite:

Libertad en el Mundo 2011: Ecuador

Libertad de Prensa 2011: Ecuador

Freedom House es una organización independiente, no gubernamental, que apoya la apertura democrática, monitorea el estado de la libertad en el mundo y defiende la democracia y los derechos humanos.

En el segundo día de audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) y desde la sede de la OEA, Derecho a Voz ofrece el segundo informe sobre los principales temas abordados hoy por grupos de derechos humanos de la región.

• Deportación y detención de migrantes en Estados Unidos: A la sala llena y con el conmovedor relato de un hombre cuya esposa fue detenida, separada de sus cuatro hijos y sometida a proceso de deportación, comenzó la primera audiencia del día relativa a los derechos humanos y políticas de deportación y detención de migrantes en Estados Unidos. Grupos que trabajan por los derechos de los migrantes criticaron las políticas migratorias aplicadas por Estados Unidos, enfatizando las irregularidades al debido proceso y las violaciones a los derechos humanos que se cometen en los centros de detención y deportación. Después de la exposición, la delegación de Estados Unidos agradeció a la CIDH la publicación del informe sobre Inmigración en Estados Unidos: Detenciones y Debido Proceso para luego someterse a las preguntas de la CIDH. Entre otros temas, los comisionados le pidieron al Estado que brindara información por escrito sobre el número exacto de niños, niñas y adolescentes que han sido separados de sus madres en los centros de detención así como medidas alternativas de detención de migrantes que estaban siendo consideras por el gobierno.

• Derechos humanos en Colombia: Otra audiencia que despertó el interés de un importante número de público. Organizaciones colombianas iniciaron su exposición indicando que a pesar del nuevo gobierno “la política de derechos humanos no ha cambiado en Colombia.” Denunciaron que las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada de personas continúa y que la situación de defensores de derechos humanos “sigue siendo crítica.” Según las cifras brindadas, un total de 19 defensores han sido asesinados, persiste el robo de información a organizaciones de derechos humanos y la protección que el gobierno está brindando a víctimas es insuficiente. Los activistas le pidieron a la CIDH que visite el país y al Estado que establezca una unidad especial para investigar ataques a defensores dentro de la fiscalía de derechos humanos. “La búsqueda de la paz es un deber y un derecho de todos,” expresó uno de los defensores, “pero es sobre todo un deber del Estado y por eso le pedimos a las autoridades que se abstengan de estigmatizar a las organizaciones que buscan la paz en Colombia.” En su descarga, el Estado se defendió de las acusaciones, argumentando que los ataques contra defensores estaban disminuyendo lo cual no contentó a los peticionarios.

• Inteligencia del DAS: Otra audiencia cargada de desencuentros. La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo de Colombia manifestaron su descontento por el retroceso en “la investigación del escándalo del DAS,” respecto de actividades de inteligencia ilegales cometidas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) contra jueces, periodistas y organizaciones no gubernamentales. En esta audiencia, el Estado volvió a negar acusaciones asegurando que la investigación del DAS avanza “a paso firme.” La CIDH quiso saber sobre la disposición política de investigar a los funcionarios más altos que podrían estar involucrados en el escándalo del DAS, sobre lo cual el Estado respondió que la investigación estaba encaminada con el fin de llegar hasta las “esferas más altas.” De igual manera, la CIDH preguntó sobre el avance de la investigación en torno a la inteligencia aplicada a miembros de la CIDH en ocasión de una visita al país e información actualizada sobre las investigaciones de los casos de los periodistas espiados. Las organizaciones pidieron que la CIDH visite el país pero nuevamente el Estado hizo oídos sordos y no respondió sobre ese tema.

• Seguridad ciudadana y derechos humanos en México: Encabezados por la reconocida activista Marie Claire Acosta, más de quince organizaciones de derechos humanos expusieron frente a funcionarios del presidente Felipe Calderón y miembros de la CIDH sobre el preocupante aumento de la violencia en México. Pidieron a la CIDH que visite el país y que haga un informe con recomendaciones específicas al gobierno. Criticaron la política actual del gobierno para frenar la delincuencia organizada, denunciando el incremento de homicidios y la práctica de desapariciones forzadas, entre otros temas. Pidieron además que el gobierno asuma el Informe Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos como una hoja de ruta de manera de combatir la violencia en un marco de respeto al estado de derecho y los derechos humanos.

• Derechos reproductivos de las mujeres en América Latina y el Caribe: Organizaciones de derechos de las mujeres presentaron a la CIDH un informe sobre las consecuencias que tienen para gran cantidad de niñas, adolescentes y mujeres la penalización del aborto en la región cuando existe riesgo para la vida o la salud de la mujer. Esta constituyó la primera vez que el tema llega a oídos de la CIDH en forma de audiencia temática regional. Representantes de organizaciones de Argentina, Brasil, México, Nicaragua, República Dominicana y El Salvador leyeron a la CIDH conmovedores testimonios sobre lo ocurrido a mujeres y niñas de distintos países de la región por no haber podido acceder a sistemas de salud respetuosos de derechos humanos básicos. Las organizaciones en su conjunto le pidieron a la CIDH que en su próximo informe temático sobre los derechos de la mujer incorpore un capítulo especial sobre este tema con recomendaciones específicas a los Estados sobre políticas públicas en materia de salud reproductiva.

• Otros temas: Los miembros de la CIDH también recibieron en audiencia a activistas y usuarios del sistema interamericano quienes llegaron a Washington para informar sobre la situación de la población desplazada en Colombia, pueblos indígenas y migrantes en México, situación de cárceles en la provincia de Buenos Aires, impunidad por violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Duvalier en Haití, cambio climático, acceso al agua y derechos humanos así como reforma constitucional y derechos humanos en México, entre otros temas.