Freedom House, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, el Centro Carter y la Red Democracia Activa organizaron un evento durante la 41 Asamblea General de la OEA que está teniendo lugar en El Salvador. Las cuatro organizaciones convocaron a gobiernos y grupos de la sociedad civil a una mesa debate en torno al décimo aniversario de la Carta Democrática Interamericana y los desafíos de la democracia en la región. Un tema central del debate giró en torno a la necesidad de contar desde la OEA con un mecanismo independiente que brinde alertas tempranas para la prevención y protección de la democracia en la región. En representación de los gobiernos estuvieron autoridades de Estados Unidos, Uruguay, Venezuela, Colombia y Canadá.  Además de los auspiciantes del evento, participaron la Fundación para el Debido Proceso Legal, Transparencia Internacional, Pro Acceso y la Alianza Regional por la Libertad de Expresion e Información, entre otras organizaciones.

Tras las palabras introductorias de Marcelo Varela, director asociado para las Américas Centro Carter, tomó la palabra la Embajadora de Estados Unidos Carmen Lomellin seguida por la Embajadora de Uruguay María del Lujan Flores, quienes presentaron un breve análisis de los 10 años de la Carta y sus opiniones respecto de los desafíos presentes y el rol que deben jugar los Estados de la OEA en la protección y fortalecimiento de la democracia. Jorge Santistevan de Noriega, miembro del grupo Amigos de la Carta Democrática, se explayó sobre una idea que viene circulando hace tiempo tanto dentro como fuera de la OEA: la necesidad de establecer una relatoría especial para la democracia.  Santistevan, quien ejerció como defensor del pueblo de Perú en el periodo 1996 – 2000, se animó a proponer cuáles deberían ser los roles de un relator de la democracia de la OEA, enfatizando sobre la importancia de que esta relatoría se aboque a desarrollar tareas preventivas que impidan a priori quiebres institucionales y otras crisis políticas. 

Casi todos en el auditorio reconocieron que esta propuesta, de prosperar y llegar a ser parte de la agenda de la OEA, encontrará más de un detractor dentro del organismo. Tanto los Estados como los actores de la sociedad civil que participen del proceso deberán enfrentar como principal reto el acordar una definición única de democracia sobre la que todos coincidan.   

La agenda de la Asamblea de la OEA continúa estos días con importantes temas, sobre los que Derecho a Voz continuará informando, como la elección de nuevos miembros de la CIDH y la aprobación de un texto de resolución que establece criterios regionales para el derecho a la libertad de reunión y asociación.

Tras casi dos años completos de suspensión, el país centroamericano retorna a la Organización de Estados Americanos (OEA), de cuyo seno había sido expulsada tras el golpe de estado de junio de 2009.

El retorno de Honduras al organismo empezó a debatirse hace tiempo, pero la polarización regional entre los países que reconocían el gobierno de Porfirio Lobo y los que no lo aceptaban como legítimo demoró una decisión que terminó de cerrarse gracias a las gestiones diplomáticas lideradas por Colombia y Venezuela.  Finalmente ayer, en la sede principal de la OEA se reunió una Asamblea Extraordinaria y  la medida tomó forma de resolución bajo el título: “Participación de Honduras en la Organización de los Estados Americanos.”  Según el texto, mediante esta resolución la OEA decide “levantar, con efecto inmediato, la suspensión del derecho de participación del Estado de Honduras en la OEA”, y ésta cita el Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático en la República de Honduras, firmado en Cartagena de Indias, Colombia el 22 de mayo pasado.

Votaron a favor de la medida 32 de los 33 países que conforman la OEA. Ecuador fue el único país que se manifestó en contra, argumentando que el actual gobierno no ha cumplido aun con “las condiciones necesarias” para su reintegro. Venezuela, por su parte, emitió su voto a favor del regreso pero su canciller, Nicolas Maduro, aclaró que lo hacía con reservas debido al fracaso de su propuesta de incluir un párrafo en el texto la resolución sobre derechos humanos e impunidad, la cual no encontró apoyo entre el resto de los países de la OEA.

La medida que permite al país centroamericano volver a participar de la agenda de la OEA se tomó a pocos días del inicio de la 41 Asamblea General de la OEA que comienza el fin de semana próximo en El Salvador.  Durante esta reunión anual, los Estados miembros debatirán sobre importantes temas hemisféricos tales como políticas de seguridad ciudadana y derechos humanos, desafíos democráticos y de gobernabilidad en la región, y los diez años de la Carta Democrática Interamericana, entre otros.

Freedom House expresa su profunda preocupación por la aprobación del referéndum constitucional en Ecuador que le dará al presidente Correa influencia excesiva sobre los medios de comunicación y el poder judicial.

La consulta popular –realizada el 7 de mayo pasado- consistió de diez preguntas, entre las que se incluyó la creación un organismo regulador de los contenidos de los medios de comunicación y la prohibición a las empresas de medios de invertir en otros sectores. El ente regulador, que en la práctica será controlado por el ejecutivo,  se encargará de supervisar la televisión, la radio y los medios de comunicación impresos. Su mandato incluirá la supervisión de contenidos, vagamente definidos, tales como violencia, sexo y discriminación y la facultad de administrar sanciones contra los infractores. Si bien todas las propuestas del referéndum fueron aprobadas, la relativa a la creación de un ente regulador de medios de comunicación ganó por un estrecho margen, señal de que los ecuatorianos reconocen la potencial amenaza que representa la interferencia del gobierno en este sector.

“La continua intimidación a los medios independientes por parte de Correa y el uso de demandas por difamación para silenciar a periodistas están teniendo un efecto disuasivo en la prensa de Ecuador,” dijo Viviana Giacaman, directora para América Latina de Freedom House. “La inmediata atención y acción por parte de la comunidad internacional es vital para salvaguardar la democracia y los derechos humanos del pueblo ecuatoriano.”

El Presidente Correa presentó una demanda criminal el 21 de marzo de 2011 por $80 millones en daños contra el diario “El Universo,” por la cual el columnista Emilio Palacio, así como los ejecutivos del periódico, enfrentan hasta tres años en prisión por la publicación de un artículo “calumnioso”. La denuncia fue impulsada por una editorial publicada el 6 de febrero de 2011 por Palacio describiendo la rebelión policíaca de septiembre de 2010, en el cual se refirió a Correa como “el dictador.” En una entrevista, Correa calificó dicha editorial como irresponsable e insistió en que los directores del periódico se hicieran responsables por la publicación del mismo.

“Freedom House exhorta al gobierno ecuatoriano a cumplir con su obligación de respetar las normas internacionales sobre libertad de expresión,” dijo Giacaman.

Ecuador está ubicado en la categoría “Parcialmente Libre” en Libertad en el Mundo 2011, el estudio anual de Freedom House sobre derechos políticos y libertades civiles, así como en Libertad de Prensa 2011.

Para más información sobre Ecuador, visite:

Libertad en el Mundo 2011: Ecuador

Libertad de Prensa 2011: Ecuador

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