Durante el 2009 la región Andina mostró las peores condiciones para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en América Latina. En los dos últimos años no ha registrado mejoras en ninguno de los países que la componen, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Esta información fue presentada por el Instituto de Defensa Legal (IDL) de Perú, el Centro sobre Derecho y Sociedad (CIDES) de Ecuador, el Consorcio Desarrollo y Justicia de Venezuela y Freedom House, de Estados Unidos, ante la Comisión de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de una audiencia pública ante este organismo de derechos humanos.

Entre otros temas, el informe documenta que en todos los países andinos se observan problemas en el ambiente político que afectan este derecho. Estos incluyen agresiones e intimidaciones contra periodistas, reformas legales restrictivas, procesos administrativos contra medios de comunicación, cierre de emisoras, uso abusivo de cadenas nacionales, discursos descalificatorios de funcionarios públicos contra la prensa crítica, y mecanismos poco transparentes en la asignación de publicidad oficial a medios de comunicación. Parte del contenido del informe recoge las conclusiones presentadas en el informe sobre libertad de expresión que Freedom House publica anualmente, llamado Libertad de Prensa (Freedom of the Press). Durante la audiencia, las organizaciones manifestaron a la CIDH los riesgos que este panorama presenta de cara a los actuales y futuros procesos electorales que tendrán lugar este año y el próximo en varios países de la región. En este sentido, recordaron a la CIDH que, como ya ha ocurrido en el pasado, este tipo de ataques a la libertad de expresión tienden a incrementarse durante procesos electorales afectando seriamente la consolidación democrática en la región Andina.

La presentación de Freedom House, IDL, CIDES y Desarrollo y Justicia incluyó pedidos concretos a la CIDH dirigidos a que se le exija a los Estados de la OEA que respeten los estándares internacionales de libertad de expresión, que investiguen los ataques contra la prensa y tomen medidas preventivas para proteger la labor de periodistas, medios de comunicación y defensores de derechos humanos.  Finalmente solicitaron que la CIDH invoque a la OEA la implementación de misiones electorales que permitan documentar cabalmente las violaciones a este derecho desde el inicio de los procesos electorales.