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Publicado el 07 Junio 2011

Sociedad Civil y Estados debaten sobre los desafíos de la Carta Democrática

Freedom House, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, el Centro Carter y la Red Democracia Activa organizaron un evento durante la 41 Asamblea General de la OEA que está teniendo lugar en El Salvador. Las cuatro organizaciones convocaron a gobiernos y grupos de la sociedad civil a una mesa debate en torno al décimo aniversario de la Carta Democrática Interamericana y los desafíos de la democracia en la región. Un tema central del debate giró en torno a la necesidad de contar desde la OEA con un mecanismo independiente que brinde alertas tempranas para la prevención y protección de la democracia en la región. En representación de los gobiernos estuvieron autoridades de Estados Unidos, Uruguay, Venezuela, Colombia y Canadá.  Además de los auspiciantes del evento, participaron la Fundación para el Debido Proceso Legal, Transparencia Internacional, Pro Acceso y la Alianza Regional por la Libertad de Expresion e Información, entre otras organizaciones.

Tras las palabras introductorias de Marcelo Varela, director asociado para las Américas Centro Carter, tomó la palabra la Embajadora de Estados Unidos Carmen Lomellin seguida por la Embajadora de Uruguay María del Lujan Flores, quienes presentaron un breve análisis de los 10 años de la Carta y sus opiniones respecto de los desafíos presentes y el rol que deben jugar los Estados de la OEA en la protección y fortalecimiento de la democracia. Jorge Santistevan de Noriega, miembro del grupo Amigos de la Carta Democrática, se explayó sobre una idea que viene circulando hace tiempo tanto dentro como fuera de la OEA: la necesidad de establecer una relatoría especial para la democracia.  Santistevan, quien ejerció como defensor del pueblo de Perú en el periodo 1996 – 2000, se animó a proponer cuáles deberían ser los roles de un relator de la democracia de la OEA, enfatizando sobre la importancia de que esta relatoría se aboque a desarrollar tareas preventivas que impidan a priori quiebres institucionales y otras crisis políticas. 

Casi todos en el auditorio reconocieron que esta propuesta, de prosperar y llegar a ser parte de la agenda de la OEA, encontrará más de un detractor dentro del organismo. Tanto los Estados como los actores de la sociedad civil que participen del proceso deberán enfrentar como principal reto el acordar una definición única de democracia sobre la que todos coincidan.   

La agenda de la Asamblea de la OEA continúa estos días con importantes temas, sobre los que Derecho a Voz continuará informando, como la elección de nuevos miembros de la CIDH y la aprobación de un texto de resolución que establece criterios regionales para el derecho a la libertad de reunión y asociación.

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Publicado el 24 Mayo 2011

Referéndum en Ecuador amenaza la libertad de prensa

Freedom House expresa su profunda preocupación por la aprobación del referéndum constitucional en Ecuador que le dará al presidente Correa influencia excesiva sobre los medios de comunicación y el poder judicial.

La consulta popular –realizada el 7 de mayo pasado- consistió de diez preguntas, entre las que se incluyó la creación un organismo regulador de los contenidos de los medios de comunicación y la prohibición a las empresas de medios de invertir en otros sectores. El ente regulador, que en la práctica será controlado por el ejecutivo,  se encargará de supervisar la televisión, la radio y los medios de comunicación impresos. Su mandato incluirá la supervisión de contenidos, vagamente definidos, tales como violencia, sexo y discriminación y la facultad de administrar sanciones contra los infractores. Si bien todas las propuestas del referéndum fueron aprobadas, la relativa a la creación de un ente regulador de medios de comunicación ganó por un estrecho margen, señal de que los ecuatorianos reconocen la potencial amenaza que representa la interferencia del gobierno en este sector.

“La continua intimidación a los medios independientes por parte de Correa y el uso de demandas por difamación para silenciar a periodistas están teniendo un efecto disuasivo en la prensa de Ecuador,” dijo Viviana Giacaman, directora para América Latina de Freedom House. “La inmediata atención y acción por parte de la comunidad internacional es vital para salvaguardar la democracia y los derechos humanos del pueblo ecuatoriano.”

El Presidente Correa presentó una demanda criminal el 21 de marzo de 2011 por $80 millones en daños contra el diario “El Universo,” por la cual el columnista Emilio Palacio, así como los ejecutivos del periódico, enfrentan hasta tres años en prisión por la publicación de un artículo “calumnioso”. La denuncia fue impulsada por una editorial publicada el 6 de febrero de 2011 por Palacio describiendo la rebelión policíaca de septiembre de 2010, en el cual se refirió a Correa como “el dictador.” En una entrevista, Correa calificó dicha editorial como irresponsable e insistió en que los directores del periódico se hicieran responsables por la publicación del mismo.

“Freedom House exhorta al gobierno ecuatoriano a cumplir con su obligación de respetar las normas internacionales sobre libertad de expresión,” dijo Giacaman.

Ecuador está ubicado en la categoría “Parcialmente Libre” en Libertad en el Mundo 2011, el estudio anual de Freedom House sobre derechos políticos y libertades civiles, así como en Libertad de Prensa 2011.

Para más información sobre Ecuador, visite:

Libertad en el Mundo 2011: Ecuador

Libertad de Prensa 2011: Ecuador

Freedom House es una organización independiente, no gubernamental, que apoya la apertura democrática, monitorea el estado de la libertad en el mundo y defiende la democracia y los derechos humanos.

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Publicado el 11 Marzo 2011

Mercosur, el sistema interamericano y los derechos humanos

De paso por Washington, el diputado uruguayo Felipe Michelini, reconocido en su país por su trayectoria política y la defensa de los derechos humanos, analizó algunos de los desafíos que conlleva la creación de nuevos mecanismos regionales de protección de los derechos humanos, como el que existe en el marco del Mercosur (Mercado Común del Sur).   Invitado a una mesa redonda por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), Michelini también se refirió a los esfuerzos del Congreso uruguayo por dejar sin efecto la ley de amnistía de 1986, cuya vigencia ha impedido que se avance en la investigación y búsqueda de justicia en los casos de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura en ese país.  En breve diálogo con Derecho a Voz, el diputado analizó también otros temas de interés para la región:

Mercosur y los derechos humanos

El tema central alrededor de la mesa fue el Mercosur y los obstáculos que este espacio regional está encontrando para fortalecer los mecanismos ya existentes de defensa de los derechos humanos. La persistente desigualdad económica y social en la región y los patrones culturales distintivos de cada país, hacen según Michelini, muy difícil llevar adelante un cambio real. “La sociedad civil organizada debe empujar una agenda regional sin olvidarse que existe el Mercosur. A su vez, las indecisiones respecto del ALBA y del Mercosur mismo, así como la discusión que existió en torno a la aceptación del ingreso de Venezuela han sido también elementos de distorsión en este debate.”

Michelini: “El sistema interamericano no es la perfección”

Michelini no considera la creación de nuevos mecanismos de protección de derechos humanos una amenaza al ya existente sistema interamericano de la Organización de Estados Americanos (OEA). “El sistema interamericano no es la perfección. Es de una lentitud procesal considerable… Creo que hay que trabajar para que los nuevos mecanismos no erosionen el sistema interamericano, sino que lo complementen,” concluyó.

El Caso Gelman ante la Corte Interamericana

“La lucha contra la impunidad es una materia pendiente para los uruguayos. Se han dado avances por la verdad, la justicia y la memoria pero aún persisten desafíos en este tema,” reflexionó Michelini. Próximamente Uruguay conocerá la decisión de la Corte Interamericana sobre el caso del poeta Juan Gelman, cuyo hijo y nuera fueron secuestrados y desaparecidos por la dictadura militar y su nieta, nacida en cautiverio, dada ilegalmente en adopción. Es un caso de desaparición forzada, búsqueda de identidad así como de verdad y justicia para la familia Gelman. Se espera que la inminente decisión de la Corte obligue al Estado uruguayo a investigar los hechos y a juzgar a los responsables, pero principalmente que exija la derogación de la ley de amnistía –conocida como ley de caducidad – la cual ha impedido la investigación y el procesamiento de casos de violaciones de derechos humanos ocurridos durante esos años.  La decisión de anularla ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y actualmente la discusión se encuentra paralizada en el Senado. “Soy optimista”, dijo Michelini, “creo que la sentencia del caso Gelman va a ayudar a dejar sin efecto esa ley. Sea cual sea la decisión de la Corte, considero que Uruguay debe cumplir estrictamente todo lo indicado en la sentencia. En materia de derecho internacional, debemos ser los mejores alumnos.”

Venezuela: el papel de la OEA y los países de la región

La pregunta no se hizo esperar. ¿Qué están haciendo los países de la OEA por la defensa de la democracia en la región, y en particular por Venezuela?  Se reclama que la sociedad civil fortalezca su agenda regional de derechos humanos y desarrollo económico y social, sin olvidarse que existe el Mercosur, mientras los gobiernos de la región se mantienen en absoluto silencio frente a los atropellos a la democracia. ¿Cómo explicamos esa contradicción?  Michelini replicó: “Como región y como país tenemos que encontrar la manera de apoyar al gobierno de Chávez pero sin acosarlo, evitando que la solución sea echar a Venezuela de la OEA.  Venezuela tiene problemas de derechos humanos, como también lo tienen México y Colombia. Debemos trabajar de manera firme en la defensa de derechos humanos básicos en Venezuela como libertad de expresión, libertad de asociación y el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos.”

Felipe Michelini  es diputado nacional por el partido Nuevo Espacio, uno de los partidos políticos miembros de la actual coalición gobernante Frente Amplio.  Forma parte del Comité Especial de Derechos Humanos y Violencia y es miembro de la delegación uruguaya ante el Parlamento Mercosur. Michelini es el menor de los diez hijos de Zelmar Michelini, senador uruguayo asesinado en 1976 en el marco del Plan Cóndor. El asesinato de su padre y las persecuciones políticas de que fue objeto su familia –dos de sus hermanas fueron presas políticas de la dictadura- llevaron al senador y al resto de los Michelini a involucrarse en la política y en el activismo en derechos humanos.

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