**Publicado como parte de la serie sobre audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos**

Con contenido y tono similar a años anteriores, el gobierno de Venezuela presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los avances en materia de derechos económicos, sociales y culturales pero optó por no responder a las preocupaciones expresadas por las organizaciones de la sociedad civil sobre violaciones a la libertad de expresión, falta de independencia de los poderes del Estado, hostigamiento a defensores de derechos humanos, altos índices de delincuencia y el estado de las cárceles en Venezuela, entre otros temas.

Como todos los años, la CIDH recibió al gobierno de Venezuela y a organizaciones locales en audiencia pública en su sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, D.C. Después de dos audiencias privadas, le llegó el turno al Estado venezolano para dar su testimonio. El representante del Estado expuso ante las autoridades de la CIDH como a través de sus políticas el gobierno de Hugo Chávez está cumpliendo con seis de los ocho objetivos del milenio: la erradicación de la pobreza, la mejora del sistema de salud, el acceso a agua potable y la inversión en educación y la mejora del medio ambiente.

Al término de esta audiencia, tuvo lugar la última del día que reunió a un grupo de organizaciones miembros del Foro por los Derechos Humanos y la Democracia, quienes entregaron información documentada sobre los altos niveles de delincuencia e insuficientes recursos destinados a combatir este tema, la existencia de grupos armados al margen de la ley, el estado de las cárceles venezolanas caracterizadas como las más violentas del hemisferio, así como la discriminación de que son víctimas las personas del mismo sexo y la falta de políticas públicas tendientes a garantizar el pleno respeto a la diversidad sexual. Tanto respecto de los problemas de seguridad ciudadana como las serias deficiencias en el sistema carcelario, el agente del Estado admitió que era una prioridad del gobierno encontrar una solución a esos temas, pero argumentó que América Latina es una de las regiones del mundo con niveles más altos de criminalidad y que todas las cárceles de la región estaban en malas condiciones.

Como hace a menudo en foros de esta naturaleza, el Estado Venezolano acusó a la CIDH de estar parcializada, de haber apoyado el golpe de Estado del 2002 y amenazó: “si continúa por ese camino va a terminar desapareciendo.” Ante la mirada atónita de algunos de los comisionados, se quejó también por el incremento en el número de casos contra Venezuela y acusó a la sociedad civil que participa en las audiencias de “decir mentiras y querer desestabilizar al gobierno.” En su réplica, el presidente de la CIDH, Felipe González, replicó que una buena manera de despejar las diferencias de opinión entre gobierno y sociedad civil era permitir a la CIDH visitar el país y así poder avanzar en el diálogo y la colaboración mutua. Por su parte, el relator para Venezuela Sérgio Pinheiro le exigió al representante del gobierno respetar las opiniones de todos y evitar el uso de la palabra “mentira” y lamentó que en siete años la CIDH no haya podido ir a Venezuela cuando “los otros 32 Estados de la OEA nos reciben sin problema.” Y así, con características más de monólogo repetido que de diálogo constructivo, la audiencia llegó a su fin.

**Publicado como parte de la serie sobre audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos**

Organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana expresaron hoy sus preocupaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el creciente deterioro de la libertad de expresión en el país en el marco de las audiencias públicas que se están celebrando en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) de Washington. En presencia de funcionarios del Estado ecuatoriano, la organización Fundamedios y la Asociación Ecuatoriana de Periódicos del Ecuador entregaron un informe que documenta el significativo aumento de agresiones a periodistas, la acumulación de medios estatales por parte del poder político, la irregularidad en la concesión de frecuencias radiales y televisivas y los discursos estigmatizantes del presidente Rafael Correa contra periodistas críticos. Este informe además consiga los crecientes niveles de autocensura y de uso del sistema judicial para penalizar la opinión crítica y el ejercicio de periodismo. Los activistas también le manifestaron a la CIDH y, en particular a la Relatoria para la Libertad de Expresión, su disconformidad con algunos aspectos de la ley de comunicación que se encuentra actualmente en debate en el Congreso ecuatoriano. En su descargo, el Estado ecuatoriano le sugirió a la CIDH que realice una visita al país para estudiar el tema.

De acuerdo a lo contabilizado por Fundamedios, 250 periodistas han sido agredidos en lo que va de este año mientras los discursos estigmatizantes del presidente Correa contra periodistas de la oposición continúan aumentando, a lo que se suma el uso cada vez más prolongado de cadenas televisivas con fines políticos. Cesar Ricaurte, director de Fundamedios, recordó además que el Estado aún no ha cumplido con su compromiso asumido -en el marco de otra audiencia similar- de despenalizar el delito de opinión. Respecto del proyecto de ley de comunicación, insistió en la necesidad que el gobierno garantice que la discusión de su contenido se realice mediante un debate democrático que refleje las opiniones de todas las partes.

Durante la ronda de preguntas, la Relatora para la Libertad de Expresión, Catalina Botero, preguntó tanto sobre el proyecto de ley de comunicación como sobre la reforma del código penal -impulsada por el gobierno de Correa- que contemplaba la despenalización del delito de opinión. En su defensa pero sin responder varias de las preocupaciones señaladas por los activistas ni las preguntas de Botero, los representantes del Estado señalaron que el proyecto de ley de comunicación está sujeto a modificación de manera de corregir las deficiencias señaladas por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH.

Respecto del pluralismo y la diversidad en la asignación de frecuencias, la Relatoría también recordó que, según los estándares internacionales de libertad de expresión, la distribución debe ser equitativa y le señaló al Estado que ese criterio no se veía reflejado ni desarrollado suficientemente en los proyectos de ley en discusión. Como broche final, el Estado ecuatoriano le informó a la CIDH que solicitará una audiencia para el próximo período de sesiones de manera de traer información actualizada sobre el proyecto de ley de comunicación e invitó a la CIDH a que visite el país para analizar este tema en profundidad y prestar su colaboración.