**Publicado como parte de la serie sobre audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos**

En su primera jornada de audiencias, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) recibió a representantes de la Asociación de Periodistas de la Paz de Bolivia quienes llegaron a Washington para exponer ante este organismo sobre los obstáculos legales que existen para la libertad de expresión y los ataques sufridos por trabajadores de prensa y medios de comunicación en los últimos años. En su defensa el gobierno de Evo Morales aseguró que este derecho es plenamente respetado en Bolivia e invitó a la CIDH a visitar el país para investigar a fondo el tema y “ayudarnos a resolver los problemas que pudieran existir”. Además de los miembros de la CIDH y la Relatora para Libertad de Expresión, Catalina Botero, estuvieron el vocero y el asesor legal del gobierno de Bolivia.

Los dirigentes de prensa denunciaron ante la CIDH la existencia de leyes que restringen los derechos humanos y un considerable incremento de agresiones contra periodistas y medios. Cifras citadas en la presentación documentan que 2007 y 2009 más de 391 periodistas fueron agredidos y 226 medios de comunicación sufrieron algún tipo de ataque. Uno de los temas centrales de la discusión rondó en torno a la recientemente aprobada ley contra el racismo y la discriminación, la cual estuvo en el centro del debate público durante las últimas semanas en el país. Parte del contenido de la ley ha sido fuertemente cuestionada por la comunidad de libertad de expresión, ya que contempla la imposición de sanciones penales a medios y periodistas por la difusión de contenidos racistas. Durante la audiencia la propia Relatora para Libertad de Expresión cuestionó el controvertido artículo 16 de la ley que criminaliza la opinión. En su defensa el Estado argumentó que la mayoría de los medios de prensa emiten mensajes racistas y mostró un video con una serie de segmentos periodísticos e informativos de ese país. “En Bolivia no sólo hay libertad de expresión, hay libertinaje de expresión. Ninguna de estas personas está en la cárcel por lo que han dicho,” expresó el vocero del gobierno, Iván Canelas, ex periodista y ex dirigente de prensa.

Durante la audiencia, los periodistas también expresaron su preocupación por la imposición de condicionamientos previos como la veracidad y la responsabilidad para la difusión de la información en la legislación nacional, argumentando que el trabajo periodístico sólo puede ser regulado a través de los códigos de ética periodística. El Estado negó que el gobierno pretenda regular el trabajo de la prensa e insistió en su argumento: “la ley fue aprobada para sancionar el excesivo racismo que existe en Bolivia.” Los periodistas expresaron su apoyo a una ley contra el racismo y la discriminación pero sin que esto se traduzca en la criminalización de expresiones y opiniones.

Antes de la audiencia, representantes del gobierno de Bolivia se reunieron con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, para entregarle la recientemente aprobada ley contra el racismo y la discriminación. Mientras continúa el debate entre la sociedad civil y el gobierno boliviano sobre este delicado tema, se espera que los Estados de la OEA avancen en la pronta aprobación de una Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia.

Washington, D.C. 4 de octubre de 2010

Freedom House celebra la decisión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de aprobar una nueva resolución que establece una Relatoría Especial para la libertad de reunión y asociación, la cual es de vital importancia para dar respuesta al creciente aumento de amenazas a este derecho fundamental a nivel global.

La resolución, patrocinada por Estados Unidos y un amplio grupo de países, fue aprobada por consenso a pesar de las objeciones presentadas por China, Rusia, Cuba, Libia y Pakistán. El nuevo Relator Especial tendrá un mandato de tres años y su tarea principal será la documentación de prácticas a nivel nacional del derecho a la libertad de asociación y reunión, así como el seguimiento de las tendencias mundiales y otros retos específicos en este tema. El Relator Especial presentará sus conclusiones y recomendaciones sobre mejores prácticas al Consejo.

“Las restricciones a la libertad de asociación y reunión dirigidas a acallar voces disidentes se ha convertido en una táctica elegida por regímenes autoritarios”, dijo Paula Schriefer, Directora de Comunicación e Incidencia de Freedom House. “Este tipo de relatorías continúan siendo unas de las herramientas más importantes de las que dispone Naciones Unidas para la promoción y protección de los derechos humanos. Freedom House celebra este esfuerzo realizado por el Consejo de Derechos Humanos para el tratamiento de este tema tan importante”.

Desde hace cuatro años Freedom House viene observando un deterioro global del derecho a la libertad de asociación. En algunos países el aumento de restricciones viene impuesto por gobiernos que luchan por mantener el control sobre sus ciudadanos y en respuesta a los avances tecnológicos que brindan mayores oportunidades de acceso a información, intercambio de opiniones y movilización. A través de dos informes, Freedom House había solicitado al Consejo, el organismo principal de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, la creación de una Relatoría Especial sobre libertad de asociación. “La aprobación de esta resolución demuestra que el esfuerzo impulsado por Estados Unidos y otros países puede alcanzar frutos importantes y detener el bloqueo regional de votos que ha marcado la tendencia en el pasado”, añadió Schriefer. “Esperamos continuar viendo iniciativas de este tipo en el futuro”.

El aumento de amenazas a la libertad de asociación fue uno de los temas más importantes abordados en la Cumbre de Derechos Humanos organizada por Freedom House y Human Rights First en febrero de 2010 en Washington. Dicha cumbre convocó a defensores y defensoras de derechos humanos, autoridades de gobiernos y representantes de la sociedad civil con el objetivo de crear un plan de acción para gobiernos e instituciones multilaterales que aborde las amenazas a la libertad de expresión y asociación.

Freedom House es una organización independiente, sin fines de lucro, que apoya transformaciones democráticas, monitorea el estado de las libertades en el mundo y aboga por la democracia y los derechos humanos.