**Publicado como parte de la serie sobre audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos**

En su primera jornada de audiencias, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) recibió a representantes de la Asociación de Periodistas de la Paz de Bolivia quienes llegaron a Washington para exponer ante este organismo sobre los obstáculos legales que existen para la libertad de expresión y los ataques sufridos por trabajadores de prensa y medios de comunicación en los últimos años. En su defensa el gobierno de Evo Morales aseguró que este derecho es plenamente respetado en Bolivia e invitó a la CIDH a visitar el país para investigar a fondo el tema y “ayudarnos a resolver los problemas que pudieran existir”. Además de los miembros de la CIDH y la Relatora para Libertad de Expresión, Catalina Botero, estuvieron el vocero y el asesor legal del gobierno de Bolivia.

Los dirigentes de prensa denunciaron ante la CIDH la existencia de leyes que restringen los derechos humanos y un considerable incremento de agresiones contra periodistas y medios. Cifras citadas en la presentación documentan que 2007 y 2009 más de 391 periodistas fueron agredidos y 226 medios de comunicación sufrieron algún tipo de ataque. Uno de los temas centrales de la discusión rondó en torno a la recientemente aprobada ley contra el racismo y la discriminación, la cual estuvo en el centro del debate público durante las últimas semanas en el país. Parte del contenido de la ley ha sido fuertemente cuestionada por la comunidad de libertad de expresión, ya que contempla la imposición de sanciones penales a medios y periodistas por la difusión de contenidos racistas. Durante la audiencia la propia Relatora para Libertad de Expresión cuestionó el controvertido artículo 16 de la ley que criminaliza la opinión. En su defensa el Estado argumentó que la mayoría de los medios de prensa emiten mensajes racistas y mostró un video con una serie de segmentos periodísticos e informativos de ese país. “En Bolivia no sólo hay libertad de expresión, hay libertinaje de expresión. Ninguna de estas personas está en la cárcel por lo que han dicho,” expresó el vocero del gobierno, Iván Canelas, ex periodista y ex dirigente de prensa.

Durante la audiencia, los periodistas también expresaron su preocupación por la imposición de condicionamientos previos como la veracidad y la responsabilidad para la difusión de la información en la legislación nacional, argumentando que el trabajo periodístico sólo puede ser regulado a través de los códigos de ética periodística. El Estado negó que el gobierno pretenda regular el trabajo de la prensa e insistió en su argumento: “la ley fue aprobada para sancionar el excesivo racismo que existe en Bolivia.” Los periodistas expresaron su apoyo a una ley contra el racismo y la discriminación pero sin que esto se traduzca en la criminalización de expresiones y opiniones.

Antes de la audiencia, representantes del gobierno de Bolivia se reunieron con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, para entregarle la recientemente aprobada ley contra el racismo y la discriminación. Mientras continúa el debate entre la sociedad civil y el gobierno boliviano sobre este delicado tema, se espera que los Estados de la OEA avancen en la pronta aprobación de una Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia.