Freedom House expresa su satisfacción por la decisión adoptada por los estados miembro de la  Organización de los Estados Americanos (OEA) de aprobar una resolución sobre libertad de asociación que reconoce la importancia de este derecho para el ejercicio democrático. La resolución fue aprobada el 8 de junio recién pasado por los 34 estados de la OEA en la Asamblea General, que tuvo lugar en El Salvador. Esta representa la primera vez que los gobiernos latinoamericanos abordan formalmente el derecho de asociación en la región.

Según el texto de la resolución, los Estados se comprometen a promover y fomentar las diversas formas de participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones y a proteger y respetar los derechos de reunión pacifica y libre asociación en concordancia con el derecho internacional de los derechos humanos.

“La adopción por primera vez de una resolución sobre libertad de asociación es un importante avance, que además se produce en medio de crecientes restricciones legales y administrativas para las organizaciones de las sociedad civil en varios países de la región”, expresó Viviana Giacaman, directora del programa de América Latina de Freedom House. “Desde ahora, las organizaciones de la sociedad civil cuentan con un instrumento para monitorear la acción de los gobiernos y demandar cumplimiento de los estándares de libre asociación”.

En los últimos años, por lo menos ocho gobiernos de América Latina han implementado o considerado  medidas legales o administrativas con el fin de limitar las actividades de las organizaciones de sociedad civil. En la mayoría de los casos, estas medidas están dirigidas a otorgar a los gobiernos control excesivo en el registro de organizaciones no gubernamentales, entregar facultades de supervisión desmedidas a funcionarios públicos respecto de las actividades de las ONGs o establecer límites para el financiamiento internacional. Al mismo tiempo, muchos gobiernos toleran o incitan un clima hostil hacia el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, a través de un discurso público dirigido a denigrar, insultar y cuestionar la labor de las ONGs y sus líderes. Como resultado, se viene observando un incremento de ataques directos e intimidaciones a organizaciones en países como Bolivia, Colombia, Honduras, Nicaragua y Venezuela.

Freedom House felicita a los Estados de la OEA que impulsaron la adopción de este importante texto e insta a la organización a que siga facilitando la implementación de leyes y políticas públicas respetuosas del derecho de asociación y reunión, de acuerdo a los instrumentos internacionales de derechos humanos.  Por último, Freedom House reconoce la importante labor de incidencia llevada a cabo por las organizaciones de la sociedad civil, las cuales desde el comienzo alentaron la adopción de esta resolución a nivel local e internacional.

Freedom House, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, el Centro Carter y la Red Democracia Activa organizaron un evento durante la 41 Asamblea General de la OEA que está teniendo lugar en El Salvador. Las cuatro organizaciones convocaron a gobiernos y grupos de la sociedad civil a una mesa debate en torno al décimo aniversario de la Carta Democrática Interamericana y los desafíos de la democracia en la región. Un tema central del debate giró en torno a la necesidad de contar desde la OEA con un mecanismo independiente que brinde alertas tempranas para la prevención y protección de la democracia en la región. En representación de los gobiernos estuvieron autoridades de Estados Unidos, Uruguay, Venezuela, Colombia y Canadá.  Además de los auspiciantes del evento, participaron la Fundación para el Debido Proceso Legal, Transparencia Internacional, Pro Acceso y la Alianza Regional por la Libertad de Expresion e Información, entre otras organizaciones.

Tras las palabras introductorias de Marcelo Varela, director asociado para las Américas Centro Carter, tomó la palabra la Embajadora de Estados Unidos Carmen Lomellin seguida por la Embajadora de Uruguay María del Lujan Flores, quienes presentaron un breve análisis de los 10 años de la Carta y sus opiniones respecto de los desafíos presentes y el rol que deben jugar los Estados de la OEA en la protección y fortalecimiento de la democracia. Jorge Santistevan de Noriega, miembro del grupo Amigos de la Carta Democrática, se explayó sobre una idea que viene circulando hace tiempo tanto dentro como fuera de la OEA: la necesidad de establecer una relatoría especial para la democracia.  Santistevan, quien ejerció como defensor del pueblo de Perú en el periodo 1996 – 2000, se animó a proponer cuáles deberían ser los roles de un relator de la democracia de la OEA, enfatizando sobre la importancia de que esta relatoría se aboque a desarrollar tareas preventivas que impidan a priori quiebres institucionales y otras crisis políticas. 

Casi todos en el auditorio reconocieron que esta propuesta, de prosperar y llegar a ser parte de la agenda de la OEA, encontrará más de un detractor dentro del organismo. Tanto los Estados como los actores de la sociedad civil que participen del proceso deberán enfrentar como principal reto el acordar una definición única de democracia sobre la que todos coincidan.   

La agenda de la Asamblea de la OEA continúa estos días con importantes temas, sobre los que Derecho a Voz continuará informando, como la elección de nuevos miembros de la CIDH y la aprobación de un texto de resolución que establece criterios regionales para el derecho a la libertad de reunión y asociación.

Tras casi dos años completos de suspensión, el país centroamericano retorna a la Organización de Estados Americanos (OEA), de cuyo seno había sido expulsada tras el golpe de estado de junio de 2009.

El retorno de Honduras al organismo empezó a debatirse hace tiempo, pero la polarización regional entre los países que reconocían el gobierno de Porfirio Lobo y los que no lo aceptaban como legítimo demoró una decisión que terminó de cerrarse gracias a las gestiones diplomáticas lideradas por Colombia y Venezuela.  Finalmente ayer, en la sede principal de la OEA se reunió una Asamblea Extraordinaria y  la medida tomó forma de resolución bajo el título: “Participación de Honduras en la Organización de los Estados Americanos.”  Según el texto, mediante esta resolución la OEA decide “levantar, con efecto inmediato, la suspensión del derecho de participación del Estado de Honduras en la OEA”, y ésta cita el Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático en la República de Honduras, firmado en Cartagena de Indias, Colombia el 22 de mayo pasado.

Votaron a favor de la medida 32 de los 33 países que conforman la OEA. Ecuador fue el único país que se manifestó en contra, argumentando que el actual gobierno no ha cumplido aun con “las condiciones necesarias” para su reintegro. Venezuela, por su parte, emitió su voto a favor del regreso pero su canciller, Nicolas Maduro, aclaró que lo hacía con reservas debido al fracaso de su propuesta de incluir un párrafo en el texto la resolución sobre derechos humanos e impunidad, la cual no encontró apoyo entre el resto de los países de la OEA.

La medida que permite al país centroamericano volver a participar de la agenda de la OEA se tomó a pocos días del inicio de la 41 Asamblea General de la OEA que comienza el fin de semana próximo en El Salvador.  Durante esta reunión anual, los Estados miembros debatirán sobre importantes temas hemisféricos tales como políticas de seguridad ciudadana y derechos humanos, desafíos democráticos y de gobernabilidad en la región, y los diez años de la Carta Democrática Interamericana, entre otros.