Mientras algunas organizaciones son aceptadas sin objeciones para participar en las actividades que convoca la Organización de Estados Americanos (OEA), otras continúan siendo vetadas por algunos gobiernos.

Las restricciones para el acceso a participar en la OEA vienen ocurriendo desde hace varios años. Hay un total de 353 organizaciones registradas para participar de las actividades de la OEA. Existen algunas cuyas peticiones de registro estuvieron pendientes de aprobación por varios años y otras que continúan a la espera. El abanico de argumentos e imputaciones que utilizan algunos Estados es inacabable y por demás creativo. Acusan a las organizaciones solicitantes de “perseguir fines desestabilizadores”, o de “responder a intereses políticos” entre otros señalamientos que buscan cuestionar el trabajo de la sociedad civil independiente. Durante el 2010, casi la mitad de las organizaciones que solicitaron el registro en la OEA se encontraron con trabas para acceder. En lo que va de este año, de las 13 solicitudes de registro presentadas, once fueron aceptadas pero aún quedan dos organizaciones cuyas solicitudes están pendientes, vetadas por sus propios gobiernos: Transparencia Bolivia y Fundación Verdad Venezuela. Las once nuevas organizaciones que ingresaron ayer a la OEA son:

- Foro Permanente para la Educación, la Ciencia y la Cultura por la Paz (FOPAZ) y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina
- Asociación Nacional de la Prensa (ANP) de Bolivia
- Fundación Pro Acceso y Fundación Ideas de Chile
- AKUAIPA WAIMAKAT (Asociación para la Divulgación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas) y Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia
- World Conference of Religions for Peace y The Life Project de Estados Unidos
- Aireana, Grupo por los Derechos de las Lesbianas de Paraguay
- Asociación de Reciclaje y Producción Limpia – Red de Educación y Tecnología de Venezuela.

En la reunión de ayer, Canadá elogió las importantes contribuciones de la sociedad civil en la OEA recordando cómo ésta “fortalece y da mayor prestigio a nuestra institución”. Estados Unidos, por su parte, insistió en la necesidad de iniciar un debate sobre cómo destrabar el problema de organizaciones solicitantes que cumplen con los requisitos de inscripción pero que simplemente son rechazadas por sus gobiernos. Aunque importantes, estos intentos no han logrado suficiente apoyo como para avanzar en la discusión de un mecanismo o procedimiento que resuelva el problema del veto a las ONGs.

El artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana de la OEA, que está celebrando 10 años, reconoce la participación ciudadana como un derecho, una responsabilidad y condición fundamental para el funcionamiento de la democracia. Irónicamente, durante su aniversario los mismos Estados que la crearon hoy toman decisiones que contradicen sus principios.

En su tercer y último día de audiencias, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) recibió a activistas y organizaciones de derechos humanos de la región y fue informada sobre los siguientes temas:

• Defensores y personas privadas de libertad en Guatemala: La Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (UDEFEGUA) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (ICCPG) presentaron un informe a la CIDH que documenta los recientes ataques que han sufrido los defensores de derechos humanos como consecuencia de su trabajo diario en el país. En lo que va de este año, 10 defensores han sido asesinados y los ataques, hostigamientos e intimidaciones continúan siendo moneda corriente. La segunda audiencia del día trató sobre la precaria situación en que se encuentra el sistema penitenciario guatemalteco que pone en riesgo, según lo expresado por las organizaciones, la vida e integridad de los internos. La respuesta de los representantes del Estado no contentó a la CIDH, la cual quiso saber sobre medidas concretas tomadas por el gobierno para proteger a los detenidos menores de 18 años y sobre la utilización de centros militares para la detención de internos. En su defensa, el gobierno guatemalteco argumentó que “en todos los países del mundo hay problemas en las cárceles” e invitó a la CIDH a visitar el país para interiorizarse sobre los programas que el gobierno ha puesto en marcha para mejorar el sistema penitenciario. Respecto de ambos temas, las organizaciones le pidieron a la CIDH que visite el país y elabore un informe.

• Ley habilitante y derechos humanos en Venezuela: Un grupo de reconocidos juristas venezolanos presentaron a la CIDH un análisis jurídico sobre la incompatibilidad del alcance de la ley habilitante aprobada en diciembre pasado con los estándares internacionales en derechos humanos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También expresaron su preocupación por la cantidad y contenido de leyes aprobadas en el mismo periodo sin discusión previa en la Asamblea Nacional. La delegación estuvo integrada por Pedro Nikken, Carlos Ayala, Héctor Faundes y otros académicos del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andres Bello (UCAB) de Caracas. En representación del Estado estuvo presente el embajador ante la OEA, Roy Chaderton Matos, quien no se hizo uso de la palabra, el diputado Carlos Escarra y el abogado del Estado Germán Saltron. En su presentación, las autoridades venezolanas acusaron a los juristas de estar diciendo “mentiras” ante la CIDH y refutaron la gran mayoría de irregularidades señaladas. “Este es nuestro proyecto de país y no daremos marcha atrás ni en un milímetro,” sentenció el diputado Escarra.

• Personas privadas de libertad en cárceles de Venezuela: El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y activistas de derechos humanos informaron a la CIDH sobre los altos niveles de hacinamiento, superpoblación y otras condiciones precarias al interior de las cárceles, aumentando los niveles de violencia y facilitando la violación de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. En especial se hizo hincapié en el actual estado de los centros de detención de mujeres en Venezuela. Expertos en este tema indicaron también que en la mayoría de las comisarías del país se vulneran a diario los derechos humanos de los internos, al no proporcionarles alimentación básica, ni atención médica y social necesaria. Recordaron además que el gobierno no ha cumplido con las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana para impedir que más personas mueran en las cárceles. Dirigiéndose a la CIDH, Venezuela se quejó por ser el único país que tiene medidas provisionales en la Corte sobre este tema “cuando todos los países de la región tienen problemas en sus cárceles.” El Comisionado Paulo Sergio Pinheiro le recordó al Estado que en sus años como relator del país no ha podido ir nunca a Venezuela y solicitó que inviten a la CIDH para poder continuar el diálogo en terreno y asistir al gobierno en este y otros temas de derechos humanos. La respuesta de Venezuela fue un no rotundo.

• Presos políticos de Venezuela: Cuatro mujeres venezolanas denunciaron ante la CIDH la detención por motivos políticos de sus esposos y denunciaron violaciones al debido proceso en las investigaciones de estos casos. “Es evidente que lo que ha llevado a la detención de nuestros esposos es una motivación política”, dijo una de las mujeres, cuyo esposo fue recientemente condenado a 30 años de prisión acusado de conspirar contra el gobierno de Hugo Chávez. Las esposas de los detenidos denunciaron que las autoridades a cargo de las investigaciones han organizado campañas de calumnias, inventado pruebas y sobornado a testigos para que acusen ilegalmente a las víctimas. Indicaron además la designación a dedo de jueces para que emitan sentencias favorables al gobierno. Le pidieron a la CIDH que reconozca el status de presos políticos en Venezuela y que obligue al Estado a garantizar la imparcialidad del poder judicial. Venezuela negó nuevamente toda acusación indicando que no existen presos políticos en el país y volvió a desacreditar el trabajo de la CIDH.

• Derecho a la consulta de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la región andina: Organizaciones de la región andina se presentaron ante la CIDH para solicitarle que obligue a los Estados a que respeten el derecho a la consulta de los pueblos indígenas y afrodescendientes al considerar la explotación de recursos naturales con fines comerciales. Representantes de Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia expusieron sobre las violaciones a este derecho que sufren a diario las comunidades indígenas de sus países y denunciaron la falta de voluntad política de los Estados para darle mayor atención al tema. Le pidieron a la CIDH que recomiende a los Estados que aprueben leyes para regular este derecho y que le indiquen la necesidad de monitorear de más cerca las actividades extractivas de las empresas privadas, asegurándose que estas se hagan en el marco de un respeto a los derechos de los pueblos indígenas.

• Otras audiencias: La CIDH también fue informada sobre violaciones a los derechos humanos contra defensores en las Américas, violencia de género en Brasil, situación de cárceles en Ecuador, violaciones a la libertad sindical de mujeres en Centroamérica, acceso a la justicia en Perú y derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas y afro descendientes en la región andina.