Miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano recibieron ayer en audiencia a expertos de la región para escuchar sugerencias sobre el camino que debe seguir Estados Unidos en sus relaciones con América Latina. Presidida por el Senador Demócrata Christopher Dodd, la audiencia comenzó con la intervención de los expertos seguida de los comentarios de los senadores. Además del Senador Dodd – cuyo mandato termina a fin de año-, también asistieron los Senadores Richard Lugar y Robert Menéndez. En representación de la sociedad civil, estuvieron Mark Schneider del International Crisis Group, Cynthia Arnson del Woodrow Wilson Center, Joy Olson de la Washington Office on Latin America (WOLA) y Jaime Daremblum del Instituto Hudson.

Casi todos coincidieron en un punto: la necesidad de redefinir la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina teniendo en cuenta las dinámicas políticas cambiantes y el actual desarrollo económico en la región que posiciona de manera diferente a la primera potencia del mundo. Joy Olson de (WOLA) señaló la importancia de que Estados Unidos abandone la práctica de mirar a la región a través de los ojos de la Guerra Fría, entendiendo los importantes procesos políticos por los que ésta está atravesando. En uno de los segmentos más fuertes de su presentación, Olson no titubeó en señalar ante los senadores que, en materia de derechos humanos, Estados Unidos “ha perdido credibilidad en la región”. Esta carencia, argumentó la directora de WOLA, se debe en parte a la todavía existente prisión de Guantánamo como también a la negativa de Estados Unidos de firmar y ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aceptando la competencia de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cynthia Arnson, por su parte, hizo énfasis en que al diseñar su política exterior, Estados Unidos debe tener en cuenta la diversidad que existe entre los países de América Latina y reconocer la actual influencia de otros países como China y Rusia en la región. Mark Schneider se refirió a la desigualdad y la exclusión social como los problemas más graves en América Latina y sugirió que se incremente la inversión en el área educativa. También reconoció los avances logrados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y propuso replicar la experiencia en otros países de la región. En materia de seguridad, Schneider resaltó los avances logrados a través de la Iniciativa Mérida pero expresó su preocupación por la expansión del narcotráfico y el crimen organizado en los países centroamericanos que tienen menor capacidad de respuesta que México. Jaime Daremblum coincidió con Schneider sobre la necesidad de invertir más en educación como vehículo para el desarrollo económico e instó a Estados Unidos a incrementar sus fondos en esa área. Respecto de Cuba, Daremblum se mostró escéptico sobre las señales de cambio manifestadas por el gobierno de Castro y recomendó esperar a que se den transformaciones más sustantivas en la política doméstica antes de modificar la política exterior hacia la isla.

Al finalizar las presentaciones de los expertos, llegó el turno de los senadores, quienes coincidieron en la necesidad de reformular la política exterior hacia la región y aprovecharon para hacer sus preguntas y comentarios. El crecimiento económico de Brasil, la reconstrucción de Haití, la situación en Honduras, el rol de la Organización de Estados Americanos (OEA) y las relaciones entre Venezuela y Colombia coparon gran parte de la discusión. El senador Menéndez recibió positivamente varios de los temas señalados pero insistió en que es también deber de la OEA asumir un rol protagónico en la región para lo cual es necesario reformar el organismo. Lugar –- coincidió en la necesidad de adoptar un enfoque más comprensivo de la región en el que se busque el consenso y no la crisis. Respecto de Venezuela, sin embargo, subrayó que Estados Unidos no debe ignorar las amenazas contra la democracia producto de las acciones del presidente Hugo Chávez y que también es necesario el consenso de la región en ese tema.

Tras dos horas de debate, la audiencia llegó a su fin y con ello la tarea de monitorear si se definen cambios en la política exterior de Estados Unidos hacia la región.

**Publicado como parte de la serie sobre audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos**

Con contenido y tono similar a años anteriores, el gobierno de Venezuela presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los avances en materia de derechos económicos, sociales y culturales pero optó por no responder a las preocupaciones expresadas por las organizaciones de la sociedad civil sobre violaciones a la libertad de expresión, falta de independencia de los poderes del Estado, hostigamiento a defensores de derechos humanos, altos índices de delincuencia y el estado de las cárceles en Venezuela, entre otros temas.

Como todos los años, la CIDH recibió al gobierno de Venezuela y a organizaciones locales en audiencia pública en su sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, D.C. Después de dos audiencias privadas, le llegó el turno al Estado venezolano para dar su testimonio. El representante del Estado expuso ante las autoridades de la CIDH como a través de sus políticas el gobierno de Hugo Chávez está cumpliendo con seis de los ocho objetivos del milenio: la erradicación de la pobreza, la mejora del sistema de salud, el acceso a agua potable y la inversión en educación y la mejora del medio ambiente.

Al término de esta audiencia, tuvo lugar la última del día que reunió a un grupo de organizaciones miembros del Foro por los Derechos Humanos y la Democracia, quienes entregaron información documentada sobre los altos niveles de delincuencia e insuficientes recursos destinados a combatir este tema, la existencia de grupos armados al margen de la ley, el estado de las cárceles venezolanas caracterizadas como las más violentas del hemisferio, así como la discriminación de que son víctimas las personas del mismo sexo y la falta de políticas públicas tendientes a garantizar el pleno respeto a la diversidad sexual. Tanto respecto de los problemas de seguridad ciudadana como las serias deficiencias en el sistema carcelario, el agente del Estado admitió que era una prioridad del gobierno encontrar una solución a esos temas, pero argumentó que América Latina es una de las regiones del mundo con niveles más altos de criminalidad y que todas las cárceles de la región estaban en malas condiciones.

Como hace a menudo en foros de esta naturaleza, el Estado Venezolano acusó a la CIDH de estar parcializada, de haber apoyado el golpe de Estado del 2002 y amenazó: “si continúa por ese camino va a terminar desapareciendo.” Ante la mirada atónita de algunos de los comisionados, se quejó también por el incremento en el número de casos contra Venezuela y acusó a la sociedad civil que participa en las audiencias de “decir mentiras y querer desestabilizar al gobierno.” En su réplica, el presidente de la CIDH, Felipe González, replicó que una buena manera de despejar las diferencias de opinión entre gobierno y sociedad civil era permitir a la CIDH visitar el país y así poder avanzar en el diálogo y la colaboración mutua. Por su parte, el relator para Venezuela Sérgio Pinheiro le exigió al representante del gobierno respetar las opiniones de todos y evitar el uso de la palabra “mentira” y lamentó que en siete años la CIDH no haya podido ir a Venezuela cuando “los otros 32 Estados de la OEA nos reciben sin problema.” Y así, con características más de monólogo repetido que de diálogo constructivo, la audiencia llegó a su fin.