La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha invitado a las organizaciones de la sociedad civil a dialogar sobre la elección de su próximo Secretario Ejecutivo. El reglamento de la CIDH no especifica cómo debe realizarse el proceso de selección para este cargo y eso ha generado controversia desde que el actual Secretario Ejecutivo, Santiago Cantón anunciara su retiro del cargo a partir de enero de 2013. Con el objetivo de garantizar un proceso de elección abierto y participativo, la CIDH aprobó un borrador de reforma del artículo 11 donde se propone la elección de una persona por medio de concurso público, que sería electa por la votación mayoritaria de las autoridades de la CIDH y que ejercería en el cargo por un período no mayor a 8 años.

La  propuesta de reforma está abierta para consulta tanto de las organizaciones de la sociedad civil como de los Estados de la OEA.  La CIDH acaba de extender el plazo para entregar observaciones y sugerencias hasta el 31 de agosto.  En los últimos meses, la controversia se ha centrado específicamente en cuál debe ser el rol, si acaso alguno, del Secretario General de la OEA en la selección del Secretario Ejecutivo. Hasta ahora la CIDH ha tenido plena autonomía para elegir a su Secretario Ejecutivo, quien debe ser ratificado por la máxima autoridad de la OEA. En los últimos años han habido señales de parte de Estados miembro y de la misma institucionalidad de la OEA de querer tener un rol más activo en la Comisión.

La reunión con sociedad civil para discutir este tema se realizará mañana martes 19 de julio por la tarde en Washington.  El diálogo será transmitido por internet pero no se ha informado aún sobre el formato que se seguirá de manera de permitir la participación a distancia de organizaciones de la región. La CIDH desea sostener una reunión similar para dialogar con los Estados el mismo día pero por la mañana. Fuentes de la OEA, sin embargo, dudan que dicho encuentro pueda realizarse ya que varios Estados se oponen a debatir fuera del seno del Consejo Permanente.

COMO PARTICIPAR DESDE SU PAIS

Tal como se ha hecho en otras oportunidades con temas de similar trascendencia, Derecho a Voz transmitirá, a nombre de su organización, las preguntas o sugerencias que usted desea plantear a las autoridades de la CIDH respecto del criterio y proceso de selección del próximo Secretario Ejecutivo. Derecho a Voz se limitará a ser un vehículo para que su voz pueda ser oída. Derecho a Voz mencionará el nombre de su institución y país y explicará que no han podido viajar a Washington, pero que desean participar, antes de hacer la pregunta correspondiente. Todas las respuestas serán reportadas a través de Derecho a Voz ese mismo día. Si desea enviar una pregunta, favor escribir a info@derechoavoz.org con la pregunta, el nombre de la institución y país, indicando si su organización está registrada con la OEA.

Dudas y comentarios se pueden hacer llegar a la misma dirección de correo o a través de este sitio web.

En su tercer y último día de audiencias, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) recibió a activistas y organizaciones de derechos humanos de la región y fue informada sobre los siguientes temas:

• Defensores y personas privadas de libertad en Guatemala: La Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (UDEFEGUA) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (ICCPG) presentaron un informe a la CIDH que documenta los recientes ataques que han sufrido los defensores de derechos humanos como consecuencia de su trabajo diario en el país. En lo que va de este año, 10 defensores han sido asesinados y los ataques, hostigamientos e intimidaciones continúan siendo moneda corriente. La segunda audiencia del día trató sobre la precaria situación en que se encuentra el sistema penitenciario guatemalteco que pone en riesgo, según lo expresado por las organizaciones, la vida e integridad de los internos. La respuesta de los representantes del Estado no contentó a la CIDH, la cual quiso saber sobre medidas concretas tomadas por el gobierno para proteger a los detenidos menores de 18 años y sobre la utilización de centros militares para la detención de internos. En su defensa, el gobierno guatemalteco argumentó que “en todos los países del mundo hay problemas en las cárceles” e invitó a la CIDH a visitar el país para interiorizarse sobre los programas que el gobierno ha puesto en marcha para mejorar el sistema penitenciario. Respecto de ambos temas, las organizaciones le pidieron a la CIDH que visite el país y elabore un informe.

• Ley habilitante y derechos humanos en Venezuela: Un grupo de reconocidos juristas venezolanos presentaron a la CIDH un análisis jurídico sobre la incompatibilidad del alcance de la ley habilitante aprobada en diciembre pasado con los estándares internacionales en derechos humanos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También expresaron su preocupación por la cantidad y contenido de leyes aprobadas en el mismo periodo sin discusión previa en la Asamblea Nacional. La delegación estuvo integrada por Pedro Nikken, Carlos Ayala, Héctor Faundes y otros académicos del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andres Bello (UCAB) de Caracas. En representación del Estado estuvo presente el embajador ante la OEA, Roy Chaderton Matos, quien no se hizo uso de la palabra, el diputado Carlos Escarra y el abogado del Estado Germán Saltron. En su presentación, las autoridades venezolanas acusaron a los juristas de estar diciendo “mentiras” ante la CIDH y refutaron la gran mayoría de irregularidades señaladas. “Este es nuestro proyecto de país y no daremos marcha atrás ni en un milímetro,” sentenció el diputado Escarra.

• Personas privadas de libertad en cárceles de Venezuela: El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y activistas de derechos humanos informaron a la CIDH sobre los altos niveles de hacinamiento, superpoblación y otras condiciones precarias al interior de las cárceles, aumentando los niveles de violencia y facilitando la violación de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. En especial se hizo hincapié en el actual estado de los centros de detención de mujeres en Venezuela. Expertos en este tema indicaron también que en la mayoría de las comisarías del país se vulneran a diario los derechos humanos de los internos, al no proporcionarles alimentación básica, ni atención médica y social necesaria. Recordaron además que el gobierno no ha cumplido con las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana para impedir que más personas mueran en las cárceles. Dirigiéndose a la CIDH, Venezuela se quejó por ser el único país que tiene medidas provisionales en la Corte sobre este tema “cuando todos los países de la región tienen problemas en sus cárceles.” El Comisionado Paulo Sergio Pinheiro le recordó al Estado que en sus años como relator del país no ha podido ir nunca a Venezuela y solicitó que inviten a la CIDH para poder continuar el diálogo en terreno y asistir al gobierno en este y otros temas de derechos humanos. La respuesta de Venezuela fue un no rotundo.

• Presos políticos de Venezuela: Cuatro mujeres venezolanas denunciaron ante la CIDH la detención por motivos políticos de sus esposos y denunciaron violaciones al debido proceso en las investigaciones de estos casos. “Es evidente que lo que ha llevado a la detención de nuestros esposos es una motivación política”, dijo una de las mujeres, cuyo esposo fue recientemente condenado a 30 años de prisión acusado de conspirar contra el gobierno de Hugo Chávez. Las esposas de los detenidos denunciaron que las autoridades a cargo de las investigaciones han organizado campañas de calumnias, inventado pruebas y sobornado a testigos para que acusen ilegalmente a las víctimas. Indicaron además la designación a dedo de jueces para que emitan sentencias favorables al gobierno. Le pidieron a la CIDH que reconozca el status de presos políticos en Venezuela y que obligue al Estado a garantizar la imparcialidad del poder judicial. Venezuela negó nuevamente toda acusación indicando que no existen presos políticos en el país y volvió a desacreditar el trabajo de la CIDH.

• Derecho a la consulta de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la región andina: Organizaciones de la región andina se presentaron ante la CIDH para solicitarle que obligue a los Estados a que respeten el derecho a la consulta de los pueblos indígenas y afrodescendientes al considerar la explotación de recursos naturales con fines comerciales. Representantes de Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia expusieron sobre las violaciones a este derecho que sufren a diario las comunidades indígenas de sus países y denunciaron la falta de voluntad política de los Estados para darle mayor atención al tema. Le pidieron a la CIDH que recomiende a los Estados que aprueben leyes para regular este derecho y que le indiquen la necesidad de monitorear de más cerca las actividades extractivas de las empresas privadas, asegurándose que estas se hagan en el marco de un respeto a los derechos de los pueblos indígenas.

• Otras audiencias: La CIDH también fue informada sobre violaciones a los derechos humanos contra defensores en las Américas, violencia de género en Brasil, situación de cárceles en Ecuador, violaciones a la libertad sindical de mujeres en Centroamérica, acceso a la justicia en Perú y derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas y afro descendientes en la región andina.

En el segundo día de audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) y desde la sede de la OEA, Derecho a Voz ofrece el segundo informe sobre los principales temas abordados hoy por grupos de derechos humanos de la región.

• Deportación y detención de migrantes en Estados Unidos: A la sala llena y con el conmovedor relato de un hombre cuya esposa fue detenida, separada de sus cuatro hijos y sometida a proceso de deportación, comenzó la primera audiencia del día relativa a los derechos humanos y políticas de deportación y detención de migrantes en Estados Unidos. Grupos que trabajan por los derechos de los migrantes criticaron las políticas migratorias aplicadas por Estados Unidos, enfatizando las irregularidades al debido proceso y las violaciones a los derechos humanos que se cometen en los centros de detención y deportación. Después de la exposición, la delegación de Estados Unidos agradeció a la CIDH la publicación del informe sobre Inmigración en Estados Unidos: Detenciones y Debido Proceso para luego someterse a las preguntas de la CIDH. Entre otros temas, los comisionados le pidieron al Estado que brindara información por escrito sobre el número exacto de niños, niñas y adolescentes que han sido separados de sus madres en los centros de detención así como medidas alternativas de detención de migrantes que estaban siendo consideras por el gobierno.

• Derechos humanos en Colombia: Otra audiencia que despertó el interés de un importante número de público. Organizaciones colombianas iniciaron su exposición indicando que a pesar del nuevo gobierno “la política de derechos humanos no ha cambiado en Colombia.” Denunciaron que las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada de personas continúa y que la situación de defensores de derechos humanos “sigue siendo crítica.” Según las cifras brindadas, un total de 19 defensores han sido asesinados, persiste el robo de información a organizaciones de derechos humanos y la protección que el gobierno está brindando a víctimas es insuficiente. Los activistas le pidieron a la CIDH que visite el país y al Estado que establezca una unidad especial para investigar ataques a defensores dentro de la fiscalía de derechos humanos. “La búsqueda de la paz es un deber y un derecho de todos,” expresó uno de los defensores, “pero es sobre todo un deber del Estado y por eso le pedimos a las autoridades que se abstengan de estigmatizar a las organizaciones que buscan la paz en Colombia.” En su descarga, el Estado se defendió de las acusaciones, argumentando que los ataques contra defensores estaban disminuyendo lo cual no contentó a los peticionarios.

• Inteligencia del DAS: Otra audiencia cargada de desencuentros. La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo de Colombia manifestaron su descontento por el retroceso en “la investigación del escándalo del DAS,” respecto de actividades de inteligencia ilegales cometidas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) contra jueces, periodistas y organizaciones no gubernamentales. En esta audiencia, el Estado volvió a negar acusaciones asegurando que la investigación del DAS avanza “a paso firme.” La CIDH quiso saber sobre la disposición política de investigar a los funcionarios más altos que podrían estar involucrados en el escándalo del DAS, sobre lo cual el Estado respondió que la investigación estaba encaminada con el fin de llegar hasta las “esferas más altas.” De igual manera, la CIDH preguntó sobre el avance de la investigación en torno a la inteligencia aplicada a miembros de la CIDH en ocasión de una visita al país e información actualizada sobre las investigaciones de los casos de los periodistas espiados. Las organizaciones pidieron que la CIDH visite el país pero nuevamente el Estado hizo oídos sordos y no respondió sobre ese tema.

• Seguridad ciudadana y derechos humanos en México: Encabezados por la reconocida activista Marie Claire Acosta, más de quince organizaciones de derechos humanos expusieron frente a funcionarios del presidente Felipe Calderón y miembros de la CIDH sobre el preocupante aumento de la violencia en México. Pidieron a la CIDH que visite el país y que haga un informe con recomendaciones específicas al gobierno. Criticaron la política actual del gobierno para frenar la delincuencia organizada, denunciando el incremento de homicidios y la práctica de desapariciones forzadas, entre otros temas. Pidieron además que el gobierno asuma el Informe Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos como una hoja de ruta de manera de combatir la violencia en un marco de respeto al estado de derecho y los derechos humanos.

• Derechos reproductivos de las mujeres en América Latina y el Caribe: Organizaciones de derechos de las mujeres presentaron a la CIDH un informe sobre las consecuencias que tienen para gran cantidad de niñas, adolescentes y mujeres la penalización del aborto en la región cuando existe riesgo para la vida o la salud de la mujer. Esta constituyó la primera vez que el tema llega a oídos de la CIDH en forma de audiencia temática regional. Representantes de organizaciones de Argentina, Brasil, México, Nicaragua, República Dominicana y El Salvador leyeron a la CIDH conmovedores testimonios sobre lo ocurrido a mujeres y niñas de distintos países de la región por no haber podido acceder a sistemas de salud respetuosos de derechos humanos básicos. Las organizaciones en su conjunto le pidieron a la CIDH que en su próximo informe temático sobre los derechos de la mujer incorpore un capítulo especial sobre este tema con recomendaciones específicas a los Estados sobre políticas públicas en materia de salud reproductiva.

• Otros temas: Los miembros de la CIDH también recibieron en audiencia a activistas y usuarios del sistema interamericano quienes llegaron a Washington para informar sobre la situación de la población desplazada en Colombia, pueblos indígenas y migrantes en México, situación de cárceles en la provincia de Buenos Aires, impunidad por violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Duvalier en Haití, cambio climático, acceso al agua y derechos humanos así como reforma constitucional y derechos humanos en México, entre otros temas.