Comenzaron hoy en Washington las audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA). Directamente desde la sede de la OEA, Derecho a Voz brinda el siguiente informativo que resume los puntos más importantes llevados a la atención de la CIDH por organizaciones y activistas de derechos humanos de la región.
• Intimidaciones y agresiones contra defensores de derechos humanos en Honduras:. Las consecuencias del golpe de Estado en Honduras continúan siendo tema de interés para la CIDH. En presencia de representantes del gobierno de Porfirio Lobo, organizaciones hondureñas denunciaron las constantes intimidaciones y agresiones que aún reciben por parte de funcionarios del gobierno. Advirtieron además que el gobierno sigue sin otorgar las medidas de protección para defensores de derechos humanos ordenadas por la CIDH. Al tomar la palabra, los representantes del Estado negaron todas las acusaciones. Ante una consulta del comisionado Felipe González sobre la cantidad de policías procesados por violaciones a los derechos humanos, uno de ellos se encontró en problemas al no poder ofrecer una respuesta clara y se comprometió ante la CIDH de enviar por escrito los datos solicitados.
• Represión policial en las calles de Honduras: Un grupo de abogados hondureños de la zona norte del país acusó a la policía y al ejército hondureño de utilizar de manera desmedida la fuerza y de reprimir violentamente manifestaciones pacíficas. Los denunciantes informaron a la CIDH que las autoridades no investigan y que la falta de justicia y la impunidad “no hacen más que aumentar la represión.” En su descarga el Estado argumentó que la policía sólo “sale a la calle para prevenir la violencia e intentar dialogar con la gente.” De los cinco miembros del gobierno presentes, algunos se mostraron más abiertos a escuchar mientras que otros acusaron a las organizaciones de estar mintiendo e inclusive negaron que lo ocurrido en junio de 2009 fue un golpe de Estado.
• Los derechos de las mujeres nicaragüenses: La audiencia empezó con la lectura, por parte de una de las peticionarias, del conmovedor testimonio de una joven nicaragüense que fue víctima de una agresión sexual, producto de la cual quedo embarazada. Seguidamente, las más diez organizaciones de derechos de las mujeres presentes informaron a la CIDH sobre la violencia sexual y la violencia intrafamiliar que sufren miles de niñas y mujeres en Nicaragua. Citando cifras del Instituto de Medicina Legal del 2009, informaron que 1 de cada 3 mujeres sufrieron violencia sexual en el país durante ese año, 1 de cada 4 víctimas era menor de 10 años y en tan sólo un periodo de dos años 198 niñas quedaron embarazadas producto de violencia sexual. Insistieron en que el Estado no investiga adecuadamente estas agresiones y que las víctimas son estigmatizadas e ignoradas. Denunciaron además la penalización del aborto terapéutico, lo cual despertó el interés de uno de los comisionados de la CIDH quien pidió más información sobre este tema. La CIDH expresó su interés de realizar una visita al país para dialogar de manera más fluida con el gobierno y la sociedad civil, pero no obtuvo respuesta.
• Derechos políticos en Nicaragua: Otra audiencia con pocos puntos de acuerdo. Activistas nicaragüenses presentaron un video en el que se ve a grupos de choque agrediendo a periodistas y a opositores al actual gobierno. Denunciaron irregularidades y violaciones a los derechos políticos en el actual contexto electoral y pidieron a la CIDH que realice una visita para constatar lo denunciado. En respuesta, uno de los representantes del Estado acusó a las organizaciones de recurrir a la CIDH con fines políticos. Recordando el artículo de la Convención Americana que obliga a los Estados a ofrecerle todas las garantías a las organizaciones peticionarias, el comisionado Felipe González recordó que “no corresponde descalificar a las personas que solicitan las audiencias, esto ha ocurrido en audiencias anteriores y me parece muy grave,” expresó para luego increpar sobre las medidas que tomado el Estado para frenar lo denunciado. “Hay fuerzas de choque en todo el mundo, eso pasa en todos los países del mundo” fue la respuesta del Estado.
• Defensores y Defensoras en América del Sur: La audiencia sub-regional del día estuvo enfocada en la entrega de un informe a la CIDH sobre los mecanismos utilizados para acallar el trabajo de los defensores de derechos humanos y la criminalización del movimiento: El uso de leyes antiterroristas, la intimidación a defensores por utilizar el sistema interamericano, el uso de decretos legislativos para criminalizar la protesta social, el espionaje ilegal, las acusaciones por sabotaje y terrorismo a activistas, las amenazas y las campañas intimidatorias. Todo esto no se investiga informaron los asistentes, quienes además expresaron su preocupación por la tendencia a querer disolver organizaciones y las restricciones impuestas al financiamiento externo. Con el apoyo de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), representantes de Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Brasil presentaron toda esta información ante la CIDH. Días antes de la audiencia, activistas bolivianos no se animaron a viajar a Washington para participar de la audiencia debido a las intimidaciones de que son víctima por parte del gobierno de Evo Morales.
• Otras audiencias: La CIDH también fue informada sobre los despidos que sufrieron un grupo de jueces hondureños por oponerse al golpe de Estado de junio de 2009, la discriminación racial contra la población afrodescendiente en Uruguay, mujeres migrantes en la región andina, la niñez mapuche en Chile, orientación sexual e identidad de género de la población haitiana, las medidas de protección para mujeres y niñas en campamentos de desplazados forzados en Haití y derechos humanos en Jamaica.
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